"Muchos adolescentes y su familia desconocen los alcances del nuevo régimen penal juvenil"

El abogado y docente Juan Diego Altabe analizó los alcances del nuevo régimen penal juvenil, que comenzó a regir el 5 de septiembre. A partir de la reducción de la edad de imputabilidad, que pasa de los 16 a los 14 años, Altabe señaló que la nueva normativa alcanza desde delitos como hurto y robo hasta hechos de mayor gravedad, como homicidio, secuestro extorsivo o abuso sexual agravado.

Uno de los aspectos que consideró especialmente relevante para las escuelas secundarias es la obligación que tienen docentes y directivos de denunciar hechos que puedan constituir delitos como agresiones, amenazas o la difusión de imágenes sin consentimiento. "Ya no basta el acta de convivencia escolar o citar a los padres", explicó.

Falta difusión

El abogado sostuvo que esta obligación todavía no tendría una difusión suficiente entre quienes trabajan en las instituciones educativas. "No sé si lo saben todos los directores", afirmó, y contó que en la escuela donde trabaja ya se comenzó a abordar el tema con los estudiantes.

Altabe indicó que a partir de la reciente entrada en vigencia de la norma y la ausencia de contenidos específicos dentro de los programas escolares hacen que todavía exista desconocimiento sobre los alcances.

En ese sentido, consideró necesario que los adolescentes reciban información sobre las conductas que pueden tener consecuencias penales.

Situaciones cotidianas

El abogado advirtió que al margen de los hechos más graves hay situaciones cotidianas que pueden ocurrir en el ámbito escolar. "No hay una estructura hoy en día que enseñe a los chicos esto", sostuvo, y planteó la posibilidad de implementar charlas o políticas públicas de capacitación sobre el régimen penal juvenil.

Como ejemplo, mencionó las amenazas de tiroteos en establecimientos educativos, que se reprodujeron en el país y que el nuevo régimen contempla como delito sancionable.

Sin embargo, aclaró que la privación de la libertad debe ser una medida de última instancia.

"El objetivo de la ley no es que el menor vaya preso", sino que los adolescentes comprendan que determinadas acciones no pueden ser consideradas simplemente travesuras o bromas y que pueden derivar en un proceso penal, al tiempo que se promueve la responsabilidad de los adultos a cargo.