La ex Andis tenía registros de deuda con una diferencia de $158.717 millones
El relevamiento abarcó pagos, contrataciones, deudas y programas de salud hasta agosto de 2025. También cuestionó el uso del mecanismo de "legítimo abono" para cancelar prestaciones.
Una auditoría realizada sobre la gestión de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectó una diferencia de $158.717 millones entre los registros internos de deuda exigible del organismo, durante la gestión de Diego Spagnuolo, quien dejó el cargo en agosto de 2025.
Según informó LA NACION , el desfasaje surgió del análisis realizado por la intervención de la agencia y corresponde a diferencias entre los montos de deuda informados por dos áreas centrales del organismo: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), encargada de implementar programas como Incluir Salud.
En concreto, el informe consignó una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de deuda exigible. La DNASS había informado el monto más elevado, aunque también advirtió que las cifras y su clasificación podían contener variaciones derivadas de errores involuntarios en la carga de información realizada por los prestadores.
La auditoría abarcó la gestión de la ANDIS hasta el 21 de agosto de 2025 y revisó, entre otros aspectos, pagos a droguerías y prestadores, deudas pendientes, cajas chicas, equipamiento electrónico, contratos, personal y declaraciones juradas.
El relevamiento también puso bajo observación el mecanismo denominado "legítimo abono", utilizado para cancelar bienes o servicios que ya fueron entregados o prestados sin que previamente hayan atravesado los procedimientos ordinarios de contratación. De acuerdo con el informe, hasta la fecha de corte este mecanismo continuaba utilizándose y solo se habían iniciado seis procedimientos de compra vinculados con esos servicios.
Los auditores no pudieron determinar cuáles fueron concretamente los pagos realizados bajo esa modalidad. Sin embargo, establecieron que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
El relevamiento adquiere además relevancia judicial porque la DNASS es objeto de investigación en una causa a cargo del fiscal Franco Picardi, que analiza presuntas irregularidades en los procesos de compra y posibles pagos de coimas. Según la acusación citada en la información publicada, se investigan también posibles sobreprecios y deficiencias en los procedimientos administrativos.
La diferencia de $158.717 millones detectada por la auditoría no implica, por sí misma, la existencia de un faltante de ese monto, sino una inconsistencia entre los registros de deuda que deberá ser explicada y eventualmente determinada en el marco de las investigaciones administrativas y judiciales en curso.
