Alerta entre los judiciales por el futuro de la Ley de Enganche
La Intergremial Judicial advierte que la causa Alonso de Martina podría derivar en una modificación del sistema de porcentualidad establecido por la Ley 468-A y afectar la estructura salarial de todo el personal.
Los gremios que representan a los trabajadores judiciales del Chaco se movilizarán el próximo lunes 7 de septiembre para defender el sistema de porcentualidad salarial establecido por la Ley 468-A, conocida como Ley de Enganche. La concentración será frente al Centro de Estudios Judiciales, y contará con la participación de los sindicatos que integran la intergremial, además de trabajadores del Tribunal de Cuentas y de la Fiscalía de Estado.
La protesta se vincula con el desarrollo de la causa "Alonso de Martina", en la que los gremios advierten sobre el riesgo de que se establezca un adicional salarial exclusivo para magistrados y funcionarios, por fuera del esquema vigente para el conjunto del Poder Judicial.
La secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCH), Graciela Aranda, explicó que la concentración busca "marcar presencia ante el peligro que significa una modificación o derogación de nuestra ley de porcentualidad, comúnmente llamada de enganche, que es la Ley 468-A".
Según sostuvo, en una audiencia realizada el 11 de abril de 2025 quedó planteada la posibilidad de avanzar con un nuevo proyecto destinado exclusivamente a magistrados y funcionarios. "El peligro es que, al estar en riesgo nuestro sistema de porcentualidad, está en peligro nuestro salario, el salario del personal judicial en su conjunto", afirmó.
"Un sistema distributivo y equitativo"
Aranda remarcó que el mecanismo vigente no significa que todos los trabajadores cobren el mismo porcentaje que un juez, sino que existe una escala salarial vinculada al cargo de cada trabajador.
"Cada trabajador, de acuerdo al cargo, tiene un coeficiente porcentual. Lo que queremos es que esa proporcionalidad, ese sistema distributivo, equitativo y justo, realmente se siga respetando", explicó.
En ese sentido, señaló que la Ley 468-A establece un esquema que permite que los incrementos salariales se trasladen proporcionalmente a las distintas categorías del Poder Judicial.
La dirigente también destacó el funcionamiento de la mesa técnica, creada por la legislación provincial, como el ámbito donde deben discutirse las cuestiones vinculadas con la equiparación salarial y los recursos presupuestarios.
Reclaman una discusión para todo el Poder Judicial
Por su parte, Walter Bernard, secretario general de la Unión Judicial, planteó que las decisiones sobre la estructura salarial deben tomarse con "razonabilidad y objetividad" y dentro de los mecanismos institucionales establecidos.
"Hay una mesa técnica donde participan el Superior Tribunal de Justicia, la Asociación de Magistrados y Funcionarios y los gremios judiciales. Allí debe ser trasladado y debatido todo este tipo de inquietudes", sostuvo.
Bernard cuestionó además que se avance en una instancia paralela para resolver una cuestión que, según planteó, afecta a todo el personal. "Si hay un desenganche o una expropiación de nuestra ley de enganche, no va a haber paz social, no va a haber paz en la Justicia", advirtió.
El dirigente remarcó que los gremios no cuestionan que se analice la situación salarial de los magistrados, pero sí que cualquier mejora se establezca de manera exclusiva para ese sector. "No hay privilegios para unos sí y para otros no", afirmó.
Convocatoria a los trabajadores
Desde la intergremial convocaron a participar de la concentración del lunes y remarcaron que la discusión excede a un sector determinado. Aranda insistió en que la defensa del sistema porcentual implica preservar una estructura salarial que, según señaló, está vigente desde 1983.
"Dios quiera que prime la solidaridad, la equidad y fundamentalmente el valor al trabajo del personal judicial, que en su conjunto pedimos el respeto a la tarea diaria", expresó.
La convocatoria difundida por los gremios también señala que la concentración se encuentra comprendida dentro de las facultades otorgadas por una Asamblea Extraordinaria y que las notificaciones correspondientes fueron realizadas ante la Dirección Provincial de Trabajo y el Superior Tribunal de Justicia.
