La nueva cautelar sobre desmontes reaviva la tensión entre la justicia y la forestoindustria chaqueña

La reciente decisión judicial que volvió a suspender avances vinculados a cambios de uso de suelo en el Chaco generó una fuerte reacción dentro de la cadena forestoindustrial, donde empresarios, técnicos y productores aseguran que la medida profundiza la incertidumbre en uno de los sectores más golpeados de la economía provincial.

En diálogo con AgroPerfiles Radio, el ingeniero Víctor Hernández sostuvo que el fallo "genera una parálisis en un sector que viene bastante cascoteado por distintas cuestiones" y advirtió que las consecuencias alcanzarán no sólo a la producción sino también al empleo y al entramado social de numerosas localidades del interior.

El dirigente afirmó que la situación "pega directamente primero en el sector agrícola, que es el que hace la primera inversión", y explicó que la suspensión frena análisis, proyectos y decisiones económicas vinculadas al desarrollo rural. "Quedan las inversiones y todo lo que ello conlleva paralizado, queda la duda, la incertidumbre de qué es lo que se va a hacer", señaló.

A su vez, indicó que detrás de esa interrupción aparece "un desabastecimiento en materia prima para la industria forestal y una afectación progresiva sobre toda la cadena económica".

Hernández remarcó además que la provincia construyó históricamente su identidad alrededor de la producción, y recordó que "el Chaco tiene un arado en su escudo, símbolo que vinculó directamente con la productividad y sobre todo desde la agricultura".

Según planteó, el desarrollo provincial siempre estuvo ligado al aprovechamiento de los recursos naturales y al crecimiento económico derivado del monte, bajo esquemas productivos y de transformación industrial.

Debate sobre el ordenamiento territorial y el uso del bosque

El referente forestal defendió el proceso del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) impulsado en la provincia desde 2009 y afirmó que "fue el primero en el país". En ese sentido, sostuvo que el esquema chaqueño terminó convirtiéndose en una referencia nacional, y explicó que "la reglamentación actual es posterior a lo que el Chaco hizo con su ordenamiento".

También señaló que la actualización del OTBN y las posteriores validaciones judiciales "convalidaron las cuestiones técnicas, administrativas y sociales" del sistema.

Según expresó, el proceso contó "con toda la participación de los chaqueños, y definió dónde se va a poder hacer cambios de uso de suelo, dónde se va a poder conservar y dónde no se va a poder tocar".

Para Hernández, la nueva cautelar judicial aparece fuera de contexto frente a un esquema ya discutido y aprobado institucionalmente. "Era la herramienta que nos permitía seguir en el sendero del desarrollo de la provincia", manifestó. Además, consideró que el fallo representa "un impacto muy negativo" para una provincia "carente de recursos y ávida de desarrollo".

Impacto económico y social

Uno de los puntos centrales estuvo vinculado al efecto social que podría generar la paralización del sector forestal. Sobre ello, Hernández sostuvo que el rubro carbonero es "altamente 100 por ciento mano de obra" y mencionó especialmente a localidades como Los Frentones, Pampa del Infierno, Bermejo y Avía Terai como comunidades directamente vinculadas a la actividad.

"Hay muchas familias carboneras que trabajan en el carbón y viven de eso", expresó. Según indicó, miles de personas dependen de manera directa de la cadena forestoindustrial y cualquier interrupción impacta inmediatamente en la economía cotidiana. "Eso pasa directamente en el almacén, en el barrio, en la ciudad", afirmó.

El ingeniero aseguró además que la forestoindustria funciona como "la primera red de contención social en amplias zonas del interior. Si esa gente deja de trabajar atraviesa un proceso de deterioro que la lleva a la pobreza", advirtió.

En esa línea sostuvo que el freno productivo provoca efectos inmediatos sobre municipios, iglesias y sistemas de asistencia social porque "si no cobran los días ya son pobres".

Reclamos al Poder Judicial y críticas al ambientalismo

Consultado sobre el accionar judicial, Hernández evitó cuestionar directamente la legalidad de la resolución, aunque consideró necesario ampliar el diálogo antes de tomar decisiones de alto impacto. "La Justicia y todo el mundo tiene que escuchar todas las campanas", expresó. También remarcó que las resoluciones deberían contemplar "a quién va a impactar la decisión que uno toma".

El dirigente insistió en diferenciar las prácticas ilegales de los manejos sustentables, y afirmó que existen actores del sector que cumplen con normas de conservación y reforestación. "Hay empresas o sujetos que no respetan el medio ambiente, y contra ellos hay que ir con todo el peso de la ley", sostuvo.

Sin embargo, defendió el aprovechamiento racional del bosque y señaló que "el árbol sea cortado y tenga utilidad maderable puede formar parte de un manejo ambiental adecuado".

Por otra parte, apuntó contra sectores ambientalistas a quienes acusó de ignorar el impacto social de sus planteos. "Hay una hipocresía terrible de parte de algunos que defienden el medio ambiente", afirmó. Incluso utilizó una definición polémica al señalar que existen "proxenetas ambientales que viven de que esto esté parado".

Producción, pobreza y el reclamo por mayor presencia pública

Hernández vinculó directamente la falta de desarrollo productivo con los niveles de pobreza en zonas rurales, y cuestionó las restricciones permanentes sobre infraestructura y actividad económica en áreas de monte. "Donde vos ves bosques, ves pobreza" expresó, aunque aclaró que "el bosque no es culpable de la pobreza" sino la ausencia de desarrollo.

En ese marco describió las dificultades que enfrentan las poblaciones alejadas, con caminos en mal estado, problemas sanitarios y altos costos logísticos. "Todo cuesta más, todo es más difícil cuando no llega el desarrollo", afirmó. Según explicó, las limitaciones productivas también impiden mejorar rutas, salud y servicios básicos.

Hernández reconoció además que el propio sector productivo tiene responsabilidades pendientes en materia comunicacional. "Hay una culpa del sector productivo que no tiene el ejercicio de salir a enseñar lo que hace", admitió. En contrapartida, sostuvo que otros sectores "buscan adeptos, likes y tendencias instalando versiones parciales sobre la actividad forestal".

Confianza en la apelación

Pese al escenario de incertidumbre, Hernández aseguró que el gobierno provincial continúa trabajando junto a entidades técnicas y profesionales para sostener la aplicación de la ley de ordenamiento territorial. Mencionó especialmente al Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos y al Consejo de Ingenieros Forestales como instituciones que participan del proceso.

"Con la participación de los profesionales se está marcando certeza, seguridad y seriedad a esta ley", afirmó. También remarcó que la normativa "ya es ley y hay que cumplirla", mientras el Ejecutivo avanza con las apelaciones judiciales correspondientes.

Por último, el dirigente sostuvo que el debate debe darse sobre bases técnicas y no sobre "comentarios tendenciosos o ideológicos. Para tomar una decisión hay que hacerlo en base a elementos técnicos", expresó. Y concluyó con un llamado de atención hacia el propio sector productivo, al señalar que "nadie produce para fundirse, para destruir el recurso del cual vivimos todos", culminó Víctor Hernández.