Trabajadores de INTI-Caucho denuncian la pérdida de ensayos clave para el sector productivo
Señalan que la medida representa una "pérdida estructural" para la industria nacional y advierten que el sector privado no está capacitado para absorber estas tareas.
En el marco del programa de desregulación del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei, los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), específicamente del sector Caucho, emitieron un duro comunicado para advertir sobre las graves consecuencias de la reciente Resolución 46/26 dictada por la Secretaría de Producción. Según denuncian, la medida desactiva decenas de servicios esenciales que el organismo brindaba históricamente a la industria local.
A través de un documento difundido el 16 de abril de 2026, la Asamblea de INTI-Caucho detalló que la normativa impacta de lleno en servicios regulares e incluso en ensayos que contaban con la acreditación del Organismo Argentino de Acreditación (OAA). Estas tareas, aseguran los especialistas, constituyen "la columna vertebral de la función del centro".
El golpe a la sustitución de importaciones
El área afectada se divide en dos grandes ejes de trabajo: el control y desarrollo de formulaciones de caucho, y la línea vinculada a los adhesivos.
En lo que respecta al caucho, el INTI cuenta con una infraestructura preparada para recibir muestras, identificar sus componentes principales, evaluar propiedades físicas y, finalmente, desarrollar formulaciones propias a escala de planta piloto. Esta capacidad técnica permitía a la industria nacional fabricar insumos clave —como autopartes o piezas específicas para la producción petrolera y minera— suplantando importaciones. Sin embargo, el comunicado es tajante: "La mayoría de los ensayos vinculados a este esquema de trabajo han sido dados de baja".
La situación es igualmente crítica en el área de adhesivos. Debido a la naturaleza del producto, que abarca desde selladores y etiquetas hasta pegamentos para madera, metal o ladrillo, el centro debía recurrir a una amplia batería de ensayos para resolver problemas de adhesión. "La mayor parte de los ensayos de adhesivos, también ha sido dada de baja", afirman.
El sector privado no puede compensar el vacío
Uno de los puntos más alarmantes del documento es la advertencia sobre la imposibilidad de que los laboratorios privados puedan reemplazar el trabajo del INTI.
"Este tipo de requerimientos no pueden ser completamente absorbidos por el sector privado, ya que la experiencia acumulada, la amplitud de trabajos, la capacidad técnica instalada, el historial y la imparcialidad del Centro de Caucho no existe en el ámbito privado", sentenciaron desde la Asamblea.
Por este motivo, los trabajadores califican la eliminación de estos códigos como "una pérdida estructural de la capacidad de verificación independiente, de desarrollo de formulaciones, y de asistencia en la solución de problemas".
La magnitud del recorte: 47 ensayos eliminados
El centro sufrió la baja específica de 47 códigos de ensayos. Para graficar la magnitud del daño estructural, los trabajadores enumeraron algunas de las herramientas perdidas:
• Resistencia a la tracción en cintas transportadoras: un ensayo fundamental para validar herramientas en la minería y el petróleo, lo que permite "prevenir fallas catastróficas y garantizar continuidad operativa".
• Resistencia a la tracción y desgarre (Caucho vulcanizado): la base para caracterizar mecánicamente compuestos y controlar neumáticos reconstruidos.
• Identificación por FT-IR: un análisis esencial para determinar el tipo de polímero en cauchos y adhesivos, clave tanto para el desarrollo de nuevas fórmulas como para la detección de fallas.
• Inmersión en fluidos: un test crítico para aplicaciones industriales y automotrices.
• Ensayos de Adhesión (Peeling, Shear, Tack): batería básica y fundamental para evaluar problemas de pegado industrial.
Telón de fondo: la "Ley Hojarasca"
La Asamblea de INTI-Caucho enmarca esta resolución y otras derogaciones previas —como la Resolución 281/18, que exigía la verificación de cámaras y cubiertas de bicicletas— dentro de una ofensiva desreguladora más amplia del Gobierno nacional.
El máximo exponente de esta política es la denominada "Ley Hojarasca", un proyecto elaborado por el ministro Federico Sturzenegger. La iniciativa busca la derogación de entre 60 y 70 normativas del siglo XX que el Ejecutivo considera obsoletas o desactualizadas frente a los cambios tecnológicos.
Mientras que los fundamentos oficiales sostienen que "limpiar" el sistema legal reduce la burocracia, elimina costos innecesarios y levanta trabas al desarrollo económico, los trabajadores del INTI advierten que, en la práctica industrial, esta lógica está desmantelando la infraestructura tecnológica del Estado, dejando a la industria nacional sin herramientas independientes para garantizar calidad, seguridad e innovación.
