El impacto de la Ley de Inocencia Fiscal en honorarios y supervivencia de las pymes

La falta de previsibilidad estatal y la magnitud de las nuevas sanciones están transformando el asesoramiento técnico en una actividad de alto riesgo patrimonial. Este escenario no solo amenaza la sustentabilidad de nuestros estudios, sino que encarece el servicio profesional, dejando a las pymes en un peligroso estado de vulnerabilidad.

En países con economías pujantes y marcos institucionales sólidos, el profesional en Ciencias Económicas es un aliado estratégico de la creación de valor y un garante de la transparencia. Su rol es potenciar al sector privado, no gestionar la ineficiencia del sector público. Sin embargo, la reciente Ley de Inocencia Fiscal plantea un escenario que, si bien no menciona expresamente al profesional como sujeto de sanción, genera en la práctica una presión que desvirtúa nuestra labor y pone en riesgo la sustentabilidad de nuestros estudios.

Aunque la letra de la ley se dirige al contribuyente, su implementación operativa y la magnitud de las sanciones terminan desplazando una carga de riesgo hacia el profesional que es, por definición, ajena. No estamos ante un debate técnico sobre quién debe pagar una multa, sino ante una reflexión más profunda: ¿puede el Estado exigir un cumplimiento perfecto cuando sus propias herramientas son imperfectas?

La combinación de multas exorbitantes con sistemas de gestión estatales que colapsan sistemáticamente, crea un "atrapamiento" para el profesional y un peligro latente para la seguridad jurídica de la sociedad.

No existe la obligación de cumplir con lo imposible

Es un principio básico del derecho: nadie está obligado a lo imposible. Hoy, el Estado exige cumplimiento bajo penas de multas millonarias, mientras que sus propias plataformas digitales (el Portal IVA o el sistema de Comprobantes en Línea) colapsan sistemáticamente, devolviendo errores de "servicio no disponible". Advertimos a la sociedad: no se puede castigar al contribuyente ni al profesional por la propia impericia tecnológica de los organismos de control. Exigir eficiencia al sector privado mientras el Estado ofrece ineficiencia burocrática es, sencillamente, una injusticia que lesiona la seguridad jurídica.

 El encarecimiento de las multas y el riesgo asociado como factor de incremento de los honorarios

La combinación de multas exorbitantes por parte de los organismos de control y la recurrente inestabilidad de los sistemas de gestión estatales —como los constantes errores de servicio en las plataformas de ARCA— coloca hoy al profesional en Ciencias Económicas en una situación de vulnerabilidad extrema.

Esta realidad impacta de forma directa en la estructura de costos de nuestros estudios. Ante la inseguridad jurídica imperante, el riesgo asociado al ejercicio profesional se traslada necesariamente al valor del servicio, encareciéndolo.

Esta distorsión genera un escenario crítico: aquellas pymes que no puedan afrontar estos nuevos costos quedarán aún más desprotegidas, con una mayor exposición a sanciones por incumplimientos derivados de la propia burocracia estatal. Estamos entrando en un círculo vicioso donde la presión fiscal y la deficiencia operativa del Estado terminan castigando a los sectores productivos y a los profesionales que los sostienen.

El riesgo de la "quiebra por multa"

Las sanciones propuestas no guardan proporción con la realidad económica de los honorarios profesionales ni con la capacidad de pago de los pequeños contribuyentes. Una multa mal aplicada, o una sanción por falta de formas ante un sistema que no funcionó, puede dejar "fuera de juego" a un comercio o a un profesional independiente. Esto no es responsabilidad fiscal; es voracidad fiscal. En una economía moderna, las multas deben ser ejemplificadoras pero razonables; cuando la sanción supera la capacidad de subsistencia, se transforma en una confiscación encubierta.

 Nuestra postura institucional. Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, no pedimos privilegios ni "licencias para la irresponsabilidad". Pedimos normalidad:

- Instamos a que el Estado garantice sistemas que funcionen 24/7.

- Instamos reglas claras donde cada actor (Estado, cliente y profesional) asuma su responsabilidad real.

- Instamos a las autoridades a revisar la reglamentación de esta ley. El profesional en Ciencias Económicas quiere ayudar a que este país crezca, pero no puede hacerlo con una espada de Damocles sobre su cabeza. La defensa de nuestra profesión es, en definitiva, la defensa de todos aquellos que apuestan por trabajar y producir en libertad.

(El autor es presidente del consejo directivo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco)