Amparos contra el DNU que amplió las facultades de la SIDE

Al menos cuatro acciones judiciales fueron ingresadas en el fuero Contencioso Administrativo Federal, todas con pedidos de medidas cautelares urgentes para suspender los efectos del decreto.

Las presentaciones ya fueron derivadas a la fiscalía para que dictamine sobre la habilitación de la feria. En todos los casos se solicitó un tratamiento inmediato, bajo el argumento de que la norma afecta derechos fundamentales y genera un impacto institucional grave.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una acción de amparo colectivo en la que pidió que se declare la nulidad e inconstitucionalidad del DNU. Según la organización, el decreto amplía de manera "imprecisa y genérica" las facultades del Estado en materia de inteligencia, habilitando una intervención directa sobre derechos como la privacidad, la autodeterminación informativa, la libertad personal, la participación política y la igualdad ante la ley.

El CELS sostuvo que la norma no contempla adecuadamente los derechos fundamentales en juego y calificó sus disposiciones como "ilegales, arbitrarias y desproporcionadas". Además, cuestionó el uso del DNU para modificar la ley de inteligencia sin justificar una situación de necesidad y urgencia, recordando que fue dictado tras el cierre de las sesiones extraordinarias del Congreso. También señaló que la Constitución prohíbe este tipo de decretos en materia penal.

La organización advirtió que el decreto amplía las actividades de inteligencia y contrainteligencia bajo definiciones vagas, lo que podría habilitar la recolección de información personal, la intervención en procesos sociales y la adopción de medidas compulsivas sin controles adecuados. Para el CELS, la norma "eleva el nivel de sospecha sobre toda la población" y refuerza el secretismo estatal.

Otras presentaciones fueron impulsadas por dirigentes y exlegisladores como Leopoldo Moreau, Federico Storani, Ricardo Alfonsín y Manuel Garrido, quienes también cuestionaron la constitucionalidad del decreto. Asimismo, los diputados Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón denunciaron que el DNU viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos.

En paralelo, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) difundió un comunicado en el que desmintió una nota del diario *La Nación* que analizaba críticamente el decreto. El organismo afirmó que la publicación contenía "falsedades" y buscaba generar confusión, y negó que la reforma habilite tareas de inteligencia sobre militantes políticos o periodistas.

Según la SIDE, el DNU apunta a fortalecer la integración del Sistema de Inteligencia Nacional y producir información estratégica para la toma de decisiones del Ejecutivo. También aseguró que no se están ampliando los límites de la vigilancia estatal y que se eliminan duplicaciones de estructuras en Defensa y Seguridad Interior.

El comunicado generó fuertes críticas. El diputado Maximiliano Ferraro calificó la intervención como un "apriete explícito" y advirtió que constituye un mensaje intimidatorio contra la prensa. "La SIDE no está para disciplinar voces críticas", sostuvo, y reclamó que cualquier desacuerdo se canalice por vías institucionales como el Congreso o la Comisión Bicameral de Inteligencia.

Mientras tanto, la Justicia deberá resolver si habilita la feria judicial para tratar los amparos y definir si suspende los efectos del DNU, en una causa que podría escalar hasta la Corte Suprema por su impacto institucional y constitucional.