Los vehículos alternativos en Resistencia, entre el beneficio ambiental y el riesgo vial

Resistencia atraviesa un proceso de adaptación frente al aumento sostenido de formas de movilidad urbana alternativas como monopatines eléctricos, patinetas, rollers y dispositivos similares, utilizados por vecinos de distintas edades para traslados cortos. El fenómeno se intensificó en los últimos años, en plena vigencia del Código Único de Tránsito y Transporte, aprobado en 2022, que estableció pautas específicas para su circulación.

Sin embargo, la implementación de esas reglas enfrenta serias dificultades en el entramado urbano. Aunque la ordenanza fija criterios claros sobre por dónde deben circular estos vehículos, la falta de infraestructura vial adecuada y de espacios específicos genera una convivencia compleja con autos, motos y peatones, incrementando el riesgo de incidentes en la vía pública.

Carriles que no existen

La normativa municipal establece que los vehículos de movilidad personal deben circular obligatoriamente por biosendas o ciclovías, sin abandonarlas salvo ante una obstrucción insalvable. En la práctica, esa exigencia se vuelve casi inaplicable: en Resistencia, las biosendas nunca se construyeron ni forman parte de proyectos próximos, lo que deja a los usuarios sin una alternativa real de circulación.

Esta contradicción entre la letra de la norma y la realidad urbana expone un vacío operativo. Al no existir los carriles obligatorios, los conductores de monopatines y otros vehículos alternativos quedan atrapados entre la prohibición de circular por calzadas y la inexistencia de espacios habilitados, una situación que complica tanto el cumplimiento de la ley como las tareas de control.

Beneficios ambientales

Los vehículos eléctricos y alternativos representan una opción valorada por su bajo impacto ambiental, la reducción del ruido urbano y su potencial para disminuir la congestión vehicular en zonas céntricas. En ese sentido, su promoción aparece como una oportunidad para repensar la movilidad urbana desde una lógica más sustentable.

No obstante, especialistas en tránsito coinciden en que su incorporación debe ir acompañada de normas claras, infraestructura adecuada y un enfoque preventivo. Sin carriles exclusivos, señalización y campañas de concientización, el beneficio ambiental puede verse opacado por un aumento de los riesgos viales y los conflictos en la circulación cotidiana.

Exigencias y prohibiciones

El Código Único de Tránsito y Transporte de Resistencia establece para circular por la vía pública que los vehículos no motorizados y los dispositivos de movilidad personal deben contar con luces delanteras o material reflectante blanco y luces o reflectantes rojos en la parte trasera, además de frenos delantero y trasero y un elemento sonoro. También es obligatoria la utilización de casco, y se prohíbe expresamente la circulación de menores de 16 años.

Estos vehículos no pueden circular por veredas, calles, avenidas o paseos públicos, ni estacionar sobre la calzada junto al cordón, con la única excepción de las bicicletas.

El Código advierte que el incumplimiento de estas disposiciones habilita al retiro del vehículo de la vía pública y su traslado al corralón municipal, con costos a cargo del infractor. Asimismo, la normativa presume que, en caso de accidente, la responsabilidad recaerá sobre el conductor si se comprueba la inobservancia de estas obligaciones.

Las polémicas motos eléctricas

Uno de los principales puntos de conflicto en la vía pública es la confusión entre monopatines eléctricos y motos eléctricas. Muchos de los vehículos que circulan bajo la apariencia de monopatines, por potencia y velocidad, encuadran legalmente como motocicletas, aunque no cuenten con homologación ni documentación.

En esos casos, la normativa es clara: deben cumplir los mismos requisitos que una moto convencional, como licencia de conducir, patente, seguro obligatorio y uso de casco. La circulación de estos rodados sin ajustarse a esas exigencias genera controversias, reclamos vecinales y un debate abierto sobre la necesidad de controles más estrictos y una reglamentación específica que priorice la seguridad de todos los actores del tránsito.