Poderes excepcionales para la SIDE
El presidente Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU 941/25) apenas finalizadas las sesiones extraordinarias del Congreso para reformar de manera integral el sistema de inteligencia.
La medida amplía de forma significativa el poder y la opacidad de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), reactivada en 2024, y volvió a generar fuertes críticas de la oposición y de organismos de derechos humanos, que advierten sobre la conformación de una "policía secreta".
El DNU establece que todas las actividades de inteligencia tendrán carácter "encubierto", habilita a los agentes a aprehender personas y permite que las Fuerzas Armadas participen en tareas de inteligencia interior a pedido de la SIDE. Para distintos espacios políticos, se trata de un grave retroceso democrático y de una legalización del espionaje político.
La reforma se aprobó sin debate parlamentario, una práctica ya habitual en el gobierno libertario. Milei ya había recurrido a un DNU en julio de 2024 para resucitar la SIDE. Ahora, el rediseño llega poco después de la asunción de Cristian Auguadra como titular del organismo, tras la salida de Sergio Neiffert por la pérdida de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.
En términos estructurales, la SIDE seguirá funcionando como un ente paraguas con cuatro organismos desconcentrados. El Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), orientado al exterior, no tendrá cambios. La Agencia de Seguridad Nacional se transformará en Agencia Nacional de Contrainteligencia, tras admitir el Gobierno superposiciones con el Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal.
La Agencia Federal de Ciberseguridad pasará a llamarse Agencia Federal de Ciberinteligencia y sus funciones quedarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, donde se creará un Centro Nacional de Ciberseguridad. Además, la División Asuntos Internos será reemplazada por la Inspectoría General de Inteligencia.
Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, lo que implica vaciar de poder al Ministerio de Defensa como autoridad civil y otorgar mayor autonomía a las Fuerzas Armadas en materia de inteligencia.
Más allá de la reorganización, el núcleo del conflicto está en las nuevas atribuciones. El DNU declara "encubiertas" todas las actividades de inteligencia y habilita acciones de contrainteligencia ante supuestas "fugas de información clasificada", un punto que genera alarma en el periodismo y en organizaciones civiles, especialmente tras la filtración del Plan de Inteligencia Nacional.
Además, la SIDE podrá exigir información a todos los organismos del Estado y sus agentes estarán facultados a detener personas, algo prohibido por la legislación vigente hasta ahora. También podrá requerir asistencia de fuerzas armadas y de seguridad, revirtiendo consensos construidos tras el retorno democrático para separar defensa, seguridad e inteligencia interior.
Desde la oposición, las críticas fueron contundentes. Leopoldo Moreau y Agustín Rossi coincidieron en que se avanza hacia una policía secreta con capacidad de detención sin orden judicial y con creciente militarización. El socialismo, la Coalición Cívica y el FIT anunciaron iniciativas para derogar el DNU, mientras que el CELS advirtió que se profundiza un esquema autoritario, con escaso control parlamentario y judicial. Para el organismo, la reforma es "regresiva y peligrosa" y consolida un sistema de espionaje opaco, difícil de auditar y con alto riesgo para las libertades democráticas.
