Denuncian violación constitucional en el tratamiento de la Ley de Presupuesto 2026
Distintos sectores de la oposición señalaron que el tratamiento encierra un grave intento de violación constitucional y de desconocimiento del marco legal vigente.
La Ley de Administración Financiera es clara y taxativa: el debate y aprobación del presupuesto no puede, bajo ningún concepto, derivar en la derogación de otras leyes. El Presupuesto es una herramienta de asignación de recursos, no un mecanismo para anular derechos ni desmontar políticas públicas ya sancionadas por el Congreso.
Sin embargo, el nuevo dictamen de Presupuesto enviado por el gobierno avanza en una dirección alarmante. Entre sus disposiciones, propone la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario. Se trata de normas que fueron aprobadas por el Congreso, vetadas por el Poder Ejecutivo y finalmente sancionadas por insistencia parlamentaria, con un respaldo transversal y un fuerte apoyo social. Intentar eliminarlas a través de la ley de presupuesto no solo contradice la Ley de Administración Financiera, sino que también vulnera el principio de división de poderes.
Si el objetivo del oficialismo fuera eliminar o modificar el financiamiento de la educación universitaria, del sistema científico o de la atención pediátrica y en discapacidad, debería impulsar proyectos de ley específicos y someterlos al debate democrático correspondiente. Utilizar el presupuesto como atajo legislativo implica desconocer deliberadamente las reglas del sistema institucional.
La preocupación se agrava en un contexto de ajuste profundo. No alcanza con un presupuesto que reduce al mínimo la inversión social y productiva; ahora se pretende avanzar directamente sobre leyes que garantizan derechos básicos y sostienen áreas estratégicas para el desarrollo del país. Hace apenas una semana, la Red de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología alertó que, de concretarse estas medidas, Argentina se convertiría en el único país de América Latina que no invertirá en ciencia y tecnología durante 2026.
El desmantelamiento del sistema científico, universitario y de políticas de inclusión se produce de manera acelerada y, muchas veces, en silencio. Resulta desesperante observar cómo se destruyen áreas que históricamente generaron orgullo nacional y oportunidades de futuro, mientras el respeto por la ley y la institucionalidad parece quedar relegado. La advertencia es clara: no se trata solo de un ajuste presupuestario, sino de un avance peligroso sobre el orden constitucional.
