El ascenso de Andrés Vázquez a la cúpula del fisco argentino

   Durante el kirchnerismo, desde su posición en la Regional Sur Metropolitana, su nombre quedó asociado a dos controversias mayúsculas: su relación con el casino flotante de Puerto Madero, un contribuyente vinculado a Néstor Kirchner y Cristóbal López al que Vázquez "parecía asesorar, más que fiscalizar"; y su liderazgo en el recordado megaoperativo de fiscalización contra el Grupo Clarín en 2009, un acto de alto voltaje político que su superior de entonces, Ricardo Echegaray, juró no haber autorizado.

   A pesar de estos escándalos, Vázquez resultó intocable. Como destaca Alconada Mon, a lo largo de su carrera "se enfrentó a cuatro de sus superiores y ninguno de ellos pudo echarlo". Su resiliencia se explica, en parte, por su "cercanía a las huestes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), desde los tiempos de Antonio ‘Jaime’ Stiuso", con quien, junto a Francisco Larcher, tejió vínculos que le permitieron sobrevivir a cada purga. 

   Esta habilidad para servir a los intereses del poder se repite bajo el gobierno de Milei, al que llegó de la mano de Leonardo Scatturice, un "polémico empresario y exagente de la SIDE". Una vez dentro, se le encomendaron misiones de explícito interés para la Casa Rosada: "depurar" la Dirección General Impositiva (DGI) de funcionarios leales al kirchnerismo o a Sergio Massa, enfrentar a Pablo Otero —a quien el presidente bautizó como "El señor del tabaco"— y perseguir al titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. 

   Su nombramiento fue tan controvertido que, según la investigación, tanto la entonces jefa de la AFIP, Florencia Misrahi, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se negaron a firmar su designación, obligando a Milei a estampar su propia rúbrica junto a la de la ministra Patricia Bullrich.

   La carrera de Vázquez está marcada por una contradicción fundamental: el funcionario encargado de combatir la evasión ha sido sistemáticamente acusado de cometerla. En 2010, una investigación de La Nación reveló que acumulaba casi medio millón de dólares en cuentas secretas en paraísos fiscales, operadas a través de una "cueva" del banco BNP Paribas. 

   Aunque inicialmente lo negó, un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) confirmó la operatoria. La Coalición Cívica exigió su destitución, calificándolo como "la mano de obra barata dentro de la AFIP para operaciones sucias" y sentenciando: "La maniobra del funcionario de la AFIP es un hecho muy grave, habitual en el mundo K del revés, donde los encargados de hacer cumplir la ley la violan". 

   Años más tarde, en 2022, el juez Ariel Lijo lo sobreseyó, pero Alconada Mon aclara que no fue por demostrarse su inocencia, sino por la "imposibilidad" de avanzar debido a la falta de respuesta de jurisdicciones extranjeras. Más recientemente, una investigación conjunta de LA NACION y el Centro Latinoamericano de Periodismo de Investigación (CLIP) expuso que controla tres propiedades no declaradas en Miami y Sunny Isles a través de un entramado offshore, lo que derivó en una nueva causa penal por omisión maliciosa, evasión y lavado.

   Este patrón de evasión de alto nivel y elusión judicial, documentado por Alconada Mon, deja de ser la historia de un solo funcionario para convertirse, en el análisis de Adrián Murano, en el diagnóstico de una patología que afecta a todo el sistema político argentino. Murano propone que el caso Vázquez no es una anomalía, sino una pieza dentro de un "loop de la degradación" institucional, donde las fronteras entre acusadores y acusados se desdibujan hasta volverse irreconocibles. 

   La secuencia que plantea es vertiginosa: "Vázquez, acusado de lavado y evasión, denuncia a Toviggino de lavado y evasión, que denuncia al hijo de Patricia Bullrich". Este círculo se extiende hasta alcanzar al fiscal Tahiano, quien renuncia a investigar el caso. El nudo que cierra el sistema, según Murano, es que el hijo de este fiscal fue "mano derecha de Ritondo, acusado de lavado evasión con propiedades en Miami", y que hoy integra la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo que remata los activos públicos. 

   El ejemplo final es la venta de bienes del Estado a un fideicomiso vinculado a patrocinadores del "experimento Milei". Este entramado, concluye el periodista, ilustra un "chapoteo permanente en la m…", un fango de corrupción donde casi nadie parece estar limpio.

   En un sistema donde el encargado de perseguir la evasión es él mismo un presunto evasor, este ascenso prueba que la lealtad al poder de turno es el único activo que nunca se devalúa. El nombramiento de Vázquez al frente del máximo organismo recaudador no cuestiona solo la idoneidad de un individuo, sino que pone en jaque la credibilidad de las instituciones argentinas y debilita la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho.