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Cierre de Ilva

300 despidos y un conflicto que expone la crisis del sector cerámico

La fábrica de pisos y revestimientos cerámicos Ilva, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, cerró sus puertas a comienzos de septiembre, dejando sin empleo a más de 300 trabajadores.

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   La empresa, una de las más importantes del rubro en el país, justificó su decisión en la caída del consumo, el aumento de costos y la apertura de importaciones, dentro de una coyuntura macroeconómica que golpea fuertemente a la industria nacional.

   El cierre tomó estado público cuando Ilva comunicó oficialmente el cese de operaciones y la desvinculación total del personal permanente, prometiendo un plan de pagos de indemnizaciones que hasta ahora no se cumplió. Los trabajadores denuncian que no cobraron ni la mitad de lo que les corresponde y que la compañía intentó ampararse en el artículo 247 del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) para pagar solo el 50%, sin haber tramitado legalmente dicho procedimiento.

   A pesar de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, la empresa no presentó ninguna propuesta de pago, lo que mantiene el conflicto estancado. Los empleados, junto con la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA), realizan acampe, marchas y cortes frente al Parque Industrial de Pilar para exigir la indemnización completa y denunciar lo que consideran un "lockout patronal".

   El gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, y el intendente de Pilar, Federico Achával, se comprometieron a acompañar las gestiones para proteger los puestos de trabajo. "Estamos del lado de los trabajadores y vamos a defender cada empleo", declaró Kicillof tras reunirse con los obreros en la planta.

   El sector cerámico atraviesa una fuerte crisis: las ventas cayeron entre un 25% y 30% respecto del año anterior, afectadas por la recesión, el parate de la obra pública y la competencia de productos importados más baratos. Las tarifas energéticas y los costos logísticos agravan un panorama donde muchas fábricas reducen turnos o suspenden personal.

   Sin embargo, los trabajadores de Ilva sostienen que el cierre no responde únicamente a la crisis económica, sino a una estrategia empresarial para despedir a personal con antigüedad y luego recontratar bajo nuevas modalidades laborales más flexibles, amparadas por la Ley Bases del gobierno nacional. "La empresa invirtió millones en maquinaria nueva que nunca puso en marcha. No hay crisis productiva, hay una maniobra patronal", denunció un delegado.

   La historia de Ilva está vinculada a la familia Zanon, con Francisco Zanon y Angelo Bocci al frente. Fue líder en los años ’90, cuando muchas fábricas cerraban por falta de competitividad. Sin embargo, conflictos internos, falta de inversión y la recesión nacional precipitaron su declive. En los últimos años, la empresa aplicó suspensiones, pagos en cuotas de aguinaldos y presiones para aceptar retiros voluntarios con menor indemnización.

   Según la FOCRA, Ilva abusó del argumento de crisis "no atribuible a la empresa" para justificar despidos masivos, mientras que los trabajadores —con más de 20 años de antigüedad promedio— reclaman la totalidad de sus derechos laborales. "No se puede permitir que más de 300 familias queden en la calle. Esto puede marcar un precedente para otras plantas", advirtió el gremio en una presentación ante la Unión Industrial Argentina (UIA), donde pidió una intervención del sector empresario.

   La CGT de Pilar, en cambio, ha tenido una participación limitada, limitándose a emitir un comunicado de solidaridad sin presencia en el acampe. Los trabajadores, acompañados por otros gremios del Parque Industrial, mantienen su protesta frente a una fábrica cerrada que simboliza el retroceso del corazón industrial de la zona norte bonaerense.

   En síntesis, el cierre de Ilva refleja un proceso de ajuste estructural dentro de la industria manufacturera argentina. Mientras la empresa alega inviabilidad económica, los trabajadores denuncian un plan para reducir costos laborales y consolidar un modelo de producción más precario. A más de un mes del cierre, la planta continúa inactiva, las indemnizaciones sin pagar y el conflicto abierto, en un contexto donde el empleo industrial se encuentra cada vez más amenazado por la recesión y las políticas de apertura económica.

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