CABA: la estrambótica situación de la piscina de la escuela Álvarez Thomas

   Este conflicto, que enfrenta a la comunidad educativa con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), pone de relieve una cuestión fundamental: el peligro de que el Estado vulnere los derechos adquiridos y la autogestión de las comunidades escolares.

   La historia de este natatorio es singular. Fue construido en 1971, no con fondos estatales, sino con el esfuerzo y sacrificio de padres, docentes y alumnos, que a través de su Asociación Cooperadora, e incluso hipotecando sus propias casas, hicieron realidad un espacio vital para la formación de los estudiantes. Por décadas, esta piscina techada, con vestuarios y calefacción, sirvió como pilar fundamental de la educación física, ofreciendo clases de natación ininterrumpidas para todos los alumnos, desde el jardín de infantes hasta el séptimo grado.

El gobierno porteño se apropia de un bien comunitario

   El quiebre se produjo en 2017, cuando el GCBA comenzó a tomar decisiones que afectaron el uso de la pileta. Primero, suspendieron las clases para los alumnos de jardín, lo que generó un reclamo judicial. A pesar de que la Justicia ordenó restituir las clases, el gobierno porteño no acató la medida cautelar. La situación se agravó en 2019, cuando el GCBA creó por decreto el "Centro Educativo Complementario de Natación 4" y se apropió de la gestión del natatorio, impidiendo a la Cooperadora cualquier tipo de acceso o mantenimiento.

   Desde entonces, la comunidad denuncia un preocupante estado de abandono. Según los testimonios de padres y docentes, no se realizaron obras de mantenimiento necesarias, lo que ha llevado al deterioro de las instalaciones y a la suspensión de clases. 

   Como lo expresa un mensaje en redes sociales: "Desde que el GCBA la gestiona, la pileta pasa 50% del tiempo en mal estado o cerrada". A pesar de que el objetivo del gobierno es que el natatorio sea utilizado por muchas escuelas, la ironía es que, en la práctica, ni los alumnos de la Álvarez Thomas ni los de otras instituciones están pudiendo disfrutar plenamente de la actividad.

La lucha de la comunidad educativa

   Ante esta situación, la comunidad educativa decidió no quedarse de brazos cruzados. Mediante protestas, "abrazos simbólicos" a la escuela y la recolección de firmas en plataformas digitales, exigen desde hace años que se revierta esta decisión. Su principal argumento es contundente: la piscina, construida y mantenida por la comunidad, debe ser gestionada por ellos mismos para garantizar su uso adecuado y para todos los alumnos de la escuela.

   La lucha de la Escuela Álvarez Thomas va más allá de un simple conflicto por una piscina. Es un reflejo de la tensión entre la gestión centralizada del Estado y la capacidad de autogestión de las comunidades. Es una defensa de un derecho educativo adquirido a lo largo de 50 años de historia y, al mismo tiempo, una crítica a una política pública que, en lugar de construir más espacios deportivos, deteriora y limita el acceso a los ya existentes, incluso a aquellos que no le pertenecen. 

   La comunidad educativa del Álvarez Thomas, con incansable resistencia, recuerda que la educación y el bienestar de los estudiantes no pueden ser objeto de decisiones políticas que ignoren el esfuerzo y la historia de quienes lo construyeron.