El ajuste impulsado por el presidente "no golpea a todos por igual"
El programa económico de Javier Milei arrancó con varias políticas de shock: fuerte devaluación, quita de subsidios, ajuste del gasto y desregulación. El objetivo declarado fue "ordenar" la macroeconomía y bajar la inflación. Sin embargo, el impacto no fue uniforme: mientras algunos sectores se beneficiaron con la estabilización, los hogares de menores recursos, en especial en provincias del NEA como Chaco, absorbieron el golpe más duro.
El primer factor fue la devaluación de diciembre de 2023, cuando el dólar oficial saltó de $ 366 a $ 800 (devaluación del 118,6%). El traslado a precios fue directo e inmediato: la inflación de diciembre trepó al 25,5% y la de enero de 2024 al 20,6%, los alimentos y bebidas llegaron a subir más del 30% en esos meses. Como los hogares pobres destinan más del 50% de sus ingresos a comida y transporte, la pérdida de poder adquisitivo fue desproporcionada. Luego del pico posdevaluación, el IPC mensual se moderó en 2024 y 2025, con repuntes puntuales, como, por ejemplo, el 3,7% en marzo 2025. Pero la desaceleración aún no compensa por sí sola la pérdida inicial de ingresos reales.
En paralelo, el Gobierno avanzó con la quita de subsidios a tarifas y transporte. La segmentación hizo que luz, gas y boletos subieran muy por encima de los salarios. Son consumos inelásticos, es decir, no se pueden evitar. En el Gran Resistencia, el costo promedio de la boleta de luz pasó de unos $4.500 a más de $25.000 (un 456% de aumento) por mes para un consumo medio. Los boletos de colectivo urbano llegaron a los $1300 en 2025, cuando un año antes rondaban los $150 (aumento de 767%).
Otro pilar del plan fue el ajuste fiscal vía recursos destinados a provincias y obra pública. Según el IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), las transferencias discrecionales de Nación cayeron un 75% en términos reales en 2024. La inversión en infraestructura se redujo en un 77% respecto del año anterior, el nivel más bajo en dos décadas. Para el NEA, altamente dependiente de fondos nacionales (muchas provincias son copa-dependientes) el freno significó suspensión de obras, pérdida de empleo en construcción y menor movimiento para comercios y oficios locales. Según datos del sector, La construcción se desplomó 30% interanual y el sector perdió más de 60.000 empleos formales a nivel país.
La desregulación plasmada en el DNU 70/2023 y la Ley Bases redujo el rol del Estado en varios frentes, incluidas privatizaciones y emergencia económica. Esto profundizó la contracción del empleo público y de programas nacionales con fuerte presencia en el interior. El repliegue del Estado se sintió especialmente en provincias con menor estructura productiva privada, por ejemplo, el Chaco.
En el plano social, el cambio en la movilidad jubilatoria buscó ligar haberes a la inflación mensual. Sin embargo, la transición entre fórmulas generó meses de pérdida real para jubilados y beneficiarios de la AUH. Como estos ingresos son el sostén principal de los hogares más pobres, la erosión se trasladó directamente a la mesa. En julio de 2025, el haber mínimo (con bono) alcanzó los $ 379.295, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que una persona adulta sola necesitó un ingreso mínimo de $371.959 para no estar por debajo de la línea de pobreza, es decir, que para cada jubilado esté en situación de pobreza, sin contar el gasto en medicamentos.
Los datos del INDEC muestran que la pobreza bajó al 38,1% en el segundo semestre de 2024, después del salto inicial, pero la recuperación no se distribuye de manera pareja: en el NEA y el NOA las tasas siguen siendo más altas, y la indigencia golpea sobre todo a la niñez. En el Gran Resistencia, más de 259 mil personas fueron clasificadas como pobres en la última medición.
En síntesis, las medidas más determinantes del modelo Milei para explicar el mayor impacto en los sectores vulnerables son: la devaluación inicial, la quita de subsidios, el freno de obra pública, el ajuste de transferencias a provincias y los cambios previsionales en un contexto inflacionario. Todas comparten un mismo rasgo: trasladan rápidamente el costo del orden fiscal y monetario hacia los hogares con menos margen para defenderse.
El interrogante hacia adelante es si esta "estabilización macro" será suficiente para recomponer empleo e ingresos, o si la desigualdad territorial y social seguirá profundizándose.
* Licenciado en Economía de la UNNE. Coordinador y Docente de la Tecnicatura Superior en Administración Económico Financiera de la UEGP N° 157 "Foro Social del Nea".
