Transición energética
Aunque el país registró avances significativos en la incorporación de energías renovables, como lo demuestra el crecimiento de la potencia instalada que ya supera los 7.100 megavatios, la participación efectiva de estas fuentes en la matriz energética aún está estancada en torno al 16% de la demanda eléctrica, lejos del objetivo del 20% fijado por la ley 27.191 para fines de 2025.
Es importante debatir sobre el estado actual de las energías renovables, sus principales desafíos, los marcos regulatorios y financieros que rigen su desarrollo. En ese sentido, cabe mencionar algunos ejemplos concretos como el caso del Chaco y al mismo tiempo reflexionar sobre las condiciones necesarias para una transición energética que arroje buenos resultados.
Uno de los pilares fundamentales de esta transición es la ley nacional 27.191, aprobada por el Congreso en 2015 con amplio consenso político. Esta norma establece metas de participación renovable en la demanda eléctrica nacional y promueve mecanismos de contratación e incentivos fiscales que buscan atraer inversiones y diversificar la matriz energética. Entre estos instrumentos destacan el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables, que garantiza el pago de contratos y facilita financiamiento, y el Mercado a Término de Energías Renovables, que permite contratos directos entre generadores y grandes usuarios. No obstante, la efectividad de estos mecanismos ha sido puesta en duda en los últimos años debido a la inestabilidad institucional, la subejecución de recursos y la falta de un plan energético integral por parte del actual gobierno, que ha optado por priorizar el desarrollo de combustibles fósiles y relegar las renovables al libre juego del mercado.
Pese a este contexto adverso, en Villa Ángela se está construyendo un complejo solar que ocupa 222 hectáreas y alberga más de 170.000 paneles fotovoltaicos, con una capacidad prevista de 100 MW para ser inyectados al Sistema Argentino de Interconexión. Este proyecto se complementa con otros dos en la provincia: uno ya operativo en Pampa del Infierno, con una potencia de 130 MW, y otro en construcción entre Charata y General Pinedo, que se espera aporte 40 MW adicionales. Todos estos desarrollos se integrarán a través de la red de Secheep, la empresa provincial de energía, y contribuirán a fortalecer la infraestructura energética en la provincia, diversificando su oferta y reduciendo la dependencia de fuentes fósiles.
Es importante señalar que además de la energía solar, Argentina posee un enorme potencial en otras formas renovables poco exploradas. La biomasa, especialmente derivada del sorgo, ofrece una vía prometedora para la producción de biogás y biofertilizantes, combinando beneficios energéticos con impactos positivos en la agricultura y la gestión de residuos. La energía geotérmica, por su parte, ha comenzado a ser explorada en zonas como la región andina, aunque aún no se ha traducido en proyectos de escala comercial. Estos recursos, junto con la energía eólica ya consolidada en provincias como Buenos Aires, Chubut y La Rioja, podrían permitir una transición más diversificada y territorialmente equilibrada.
El Programa RenovAr, implementado entre 2016 y 2019, dio un fuerte impulso inicial al sector renovable, sumando más de 5.200 MW a la matriz y mostrando que, con políticas adecuadas, el país tiene capacidad técnico-industrial y empresarial para avanzar en esta dirección. Sin embargo, su continuidad ha sido limitada en los años posteriores, en parte por el deterioro económico general y en parte por la ausencia de una estrategia energética sostenida. En este sentido, especialistas como Ana Julia Aneise y Elisabeth Möhle advierten que postergar la transición energética, ante la magnitud de la crisis climática, no es una opción viable, sino un error estratégico de largo plazo.
Para lograr una transición energética verdaderamente sostenible en Argentina, es necesario fortalecer la seguridad energética, garantizar la equidad en el acceso, minimizar los impactos ambientales y aprovechar las capacidades tecnológicas locales. Esto requiere no solo de inversiones y regulaciones adecuadas, sino también de una visión de país que reconozca el rol estratégico de las energías limpias en el desarrollo nacional.
Si bien hay avances concretos, como los parques solares en Chaco y el impulso de la Ley 27.191, los desafíos estructurales –institucionales, financieros y de gestión– siguen obstaculizando su pleno despliegue. Para que la transición sea una realidad, el Estado debe asumir un rol más activo, articulando políticas públicas, incentivando la inversión y promoviendo una matriz energética diversificada, limpia y sostenible.
