El impacto de la variación en la superficie de bosques nativos
Desde la promulgación de la Ley 26331 de Bosques Nativos, el manejo de los fondos destinados a la conservación ha estado marcado por una controversia poco discutida: la repentina variación en la superficie forestal registrada entre el Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos (1998-2005) y el Segundo Inventario (2015 en adelante).
Este cambio, lejos de ser una mera actualización técnica, ha generado un desbalance en la asignación de recursos, afectando a las provincias del Norte que poseen los bosques nativos genuinos.
El cambio en la medición de la superficie de bosques
El Primer Inventario estimó la superficie de bosques nativos en 31,4 millones de hectáreas, mientras que el Segundo Inventario registró un incremento abrupto hasta 53,3 millones de hectáreas.
En el proceso, varias provincias con escasa cobertura forestal declararon extensiones de bosque significativas, accediendo así a los fondos de la ley.
Este fenómeno plantea dudas sobre la metodología utilizada y la redefinición de áreas consideradas como bosques nativos.
Más allá de una cuestión técnica, este ajuste ha tenido implicaciones políticas y económicas que alteraron la competencia por los recursos destinados a la conservación y el manejo sostenible.
El sacrificio de las provincias del Norte
Las provincias del Norte, como Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero, históricamente han contado con los mayores ecosistemas forestales. Sin embargo, estas mismas regiones enfrentan un alto costo de oportunidad, dado que sus suelos tienen potencial agrícola y podrían destinarse a la producción.
A pesar de mantener bosques genuinos, han visto cómo los fondos de la ley se distribuyeron de manera desigual.
En contraste, las provincias que sumaron grandes extensiones de bosques después del Segundo Inventario lo hicieron en suelos no agrícolas, lo que les permitió acceder a recursos sin el sacrificio productivo que enfrentan las provincias del Norte.
Este desequilibrio no solo afectó a la conservación, sino que alteró la dinámica económica y la planificación territorial.
La ejecución de fondos y el caso del Chaco
Uno de los aspectos menos discutidos en este proceso es la ejecución de los fondos destinados a la conservación de los bosques. En el caso del Chaco, la Dirección de Bosques provincial ha dependido mayormente de recursos provenientes de multas y aranceles, mientras que menos del 10 % de su presupuesto proviene de fondos nacionales.
A esto se suma que, desde hace más de dos años, la Provincia no ha recibido los fondos correspondientes a la Ley 26331, debido a innumerables trabas burocráticas que han impedido su desembolso.
El Chaco quedó relegado
Mientras otras provincias, que no tienen bosques nativos genuinos, han podido acceder a los recursos con facilidad, el Chaco ha quedado relegada, sin el financiamiento necesario para su gestión forestal.
A pesar de que la provincia ha sido una de las más afectadas por la redistribución desigual de los recursos, los gobiernos anteriores nunca denunciaron esta situación, permitiendo que los fondos destinados a la conservación fueran desviados hacia otras jurisdicciones.
Esta falta de acción política ha dejado al Chaco en una posición de desventaja, sin los recursos necesarios para una gestión forestal eficiente.
Conclusión
La variación en la superficie de bosques nativos registrada tras la Ley 26331 redefinió el acceso a los fondos de conservación, generando una competencia desigual. Mientras las provincias con verdaderos bosques nativos continúan sacrificando su potencial agrícola, otras jurisdicciones han accedido a los fondos sin enfrentar la misma carga.
Luego del Pacto de Mayo, es justo que la provincia del Chaco tome control sobre sus recursos naturales y exija a la Nación una compensación por la distribución injusta de fondos ocurrida en los años anteriores.
El reconocimiento de este desbalance no solo es una cuestión de equidad, sino una deuda pendiente con las regiones que han sostenido la conservación real de los bosques nativos en Argentina.
Manuel Ron es el nuevo presidente de Maizall
SÁENZ PEÑA (Agencia). Manuel Ron, directivo de Maizar, reemplazó al brasileño Bernhard Kiep, de Abramilho, en la presidencia de la alianza internacional de maíz, Maizall.
El flamante presidente de Maizall aseveró que "para satisfacer la demanda de alimentos se necesita un sistema de comercio mundial abierto que se base en normas transparentes y con base científica.
Queda un largo camino para alcanzar un sistema de comercio agropecuario justo, previsible, equitativo y orientado al mercado, respetando el equilibrio entre los tres pilares de la sostenibilidad.
Los gobiernos de todo el mundo deben colaborar para eliminar las barreras comerciales que impactan sobre las capacidades productivas, sobre todo en las poblaciones más pobres. Nuestra misión es producir alimentos seguros utilizando de manera eficiente los recursos naturales y respetando el medio ambiente. Cuanto más se atrasen los procesos de innovación tecnológica, más impactos negativos tendremos sobre el ambiente y menos productividad".
Maizall, la Alianza Internacional del Maíz, nuclea a las asociaciones de agricultores de maíz de Argentina (Maizar), Brasil (Abramilho) y Estados Unidos (US Grains Coucil y National Corn Growers Association), que trabajan juntas para remover barreras comerciales a la innovación agrícola, abogando ante gobiernos y organizaciones internacionales como la Unión Europea, la FAO, la OMC, agencias de reglamentación y parlamentarios.
