El derecho de la ciudadanía a estar informada
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe que encendió señales de alarma en torno a la situación del periodismo en Argentina bajo la gestión del presidente Javier Milei. Este organismo, dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunció un deterioro acelerado del clima para el ejercicio de la libertad de expresión, señalando con especial preocupación los discursos estigmatizantes, la baja tolerancia a las críticas, la represión de la protesta social y los ataques contra periodistas y medios de comunicación.
La libertad de expresión no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho fundamental de los ciudadanos, piedra angular de cualquier democracia. Cuando un gobierno erosiona este principio, lo que está en juego es la salud institucional de la República y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Uno de los puntos del informe se refiere al discurso recurrente del presidente Milei y otros funcionarios de su administración, quienes han calificado a periodistas como "mentirosos", "delincuentes con micrófono" y "extorsionadores". Estas expresiones, lamentablemente, no son incidentes aislados ni simples exabruptos retóricos. Forman parte de una estrategia comunicacional coherente que el propio gobierno nacional ha denominado "batalla cultural".
Desde una perspectiva lógica y jurídica, estas declaraciones son inadmisibles. Los funcionarios públicos, en su calidad de garantes de los derechos humanos, tienen la responsabilidad de asegurar que sus pronunciamientos no afecten el ejercicio de los derechos fundamentales de otros actores sociales. La jurisprudencia del sistema interamericano establece que, en contextos de polarización, las palabras de los líderes pueden convertirse en catalizadores de violencia, ya sea simbólica o física. Por lo tanto, el discurso estigmatizante desde las más altas esferas del poder erosiona la confianza pública en los medios y legitima agresiones por parte de actores estatales y no estatales.
El informe documenta con evidencia concreta el deterioro institucional que acompaña este clima de hostilidad. Se reportaron 37 agresiones contra periodistas entre abril y julio de 2024, un incremento del 24,34 % respecto al mismo período del año anterior, según el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Estas agresiones no son solo verbales. Hubo episodios en movilizaciones donde trabajadores de prensa fueron golpeados por fuerzas de seguridad y civiles, además de denuncias penales promovidas por autoridades contra periodistas críticos.
A ello se suma el retroceso en políticas públicas clave, como el acceso a la información, la distribución de la publicidad oficial y la regulación de medios públicos. El uso discrecional de estos mecanismos no solo limita la libertad de prensa, sino que distorsiona el debate democrático y consolida una hegemonía informativa desde el poder.
Una democracia auténtica no puede existir sin una prensa libre. Los medios cumplen una función fiscalizadora fundamental. Informar sobre irregularidades, cuestionar decisiones gubernamentales y presentar voces disidentes no son actos de enemistad hacia el Estado, sino expresiones legítimas de un sistema de pesos y contrapesos.
Cuando el presidente Milei acusa a los periodistas de ser "corruptos" o los tilda de "mentirosos" por publicar investigaciones críticas, está vulnerando ese equilibrio democrático. Y cuando funcionarios judicializan esos cuestionamientos se transforma la justicia en un mecanismo de intimidación, violando lo dispuesto por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Frente a esta situación, es esencial el rol de organizaciones como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y de entidades nacionales como FOPEA y la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA). Sin embargo, la defensa de la libertad de prensa no puede ser delegada exclusivamente a estas instituciones. La ciudadanía en su conjunto debe entender que cuando se agrede a un periodista, se agrede el derecho colectivo a saber. Si los medios se autocensuran por miedo a represalias o estigmatización, todos perdemos acceso a información vital sobre decisiones que afectan nuestra vida cotidiana.
Los ataques contra el periodismo constituyen una amenaza real y documentada a la libertad de expresión en Argentina. El informe de la OEA es un diagnóstico riguroso basado en evidencia concreta y principios jurídicos sólidos.
La democracia no se construye con unanimidad, sino con pluralismo. La crítica no debilita a un gobierno legítimo; lo fortalece si está dispuesto a corregir errores. Callar a los periodistas no silencia los problemas, solo los oculta. Y una sociedad sin periodistas libres es una sociedad a oscuras.
