El Gobierno degrada la Secretaría de Derechos Humanos
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación será rebajada al rango de Subsecretaría, en el marco de una reestructuración que incluye el recorte del 40% de su estructura y el despido del 30% de su personal.
Según explicó, la medida representa un ahorro de 9 mil millones de pesos anuales y se enmarca en el plan del gobierno de Javier Milei de reducir el tamaño del Estado.
Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni justificó la decisión asegurando que ahora "la cartera de Derechos Humanos se va a encargar de garantizar todos los derechos humanos y no de defender a un sector ideológico partidario".
El Ministerio de Justicia, por su parte, emitió un comunicado en el que detalló que el ajuste incluye una reducción del 50% en cargos jerárquicos y direcciones, y celebró el despido de 405 trabajadores. Además, informó que el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo de Sitio ESMA dejarán de funcionar como entidades autónomas y pasarán a ser unidades organizativas del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), como parte del proceso de unificación y recorte.
Reestructuración en Cultura
Adorni también anunció una reestructuración dentro del área de Cultura. En este caso, ocho institutos nacionales que dependían de la Secretaría de Cultura —entre ellos, el Instituto Eva Perón— serán fusionados en una única unidad administrativa dentro de la administración central. Según explicó, la medida busca "evitar funciones duplicadas y garantizar una mirada plural de la historia argentina".
El funcionario señaló además que desde el inicio del gobierno, la estructura del Instituto Nacional del Teatro ya fue reducida en un 20%, y anticipó que habrá nuevos recortes en su planta de personal.
Estas decisiones se suman a una serie de ajustes impulsados por el gobierno nacional que han generado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, sectores de la cultura y la oposición, que ven en estas medidas un vaciamiento de políticas públicas clave en materia de memoria, verdad, justicia y desarrollo cultural.
