Italia limita la concesión de la nacionalidad a descendientes en el extranjero
Este martes, el Parlamento italiano dio luz verde de manera definitiva a una polémica reforma legislativa que restringe la obtención de la ciudadanía italiana para descendientes de emigrantes que viven fuera del país.
La Cámara de los Diputados aprobó el proyecto de ley con 137 votos a favor, 83 en contra y 2 abstenciones, cerrando así su trámite parlamentario tras haber sido ratificada anteriormente por el Senado el pasado 15 de mayo.
La nueva normativa, impulsada por el Gobierno de coalición encabezado por la primera ministra Giorgia Meloni, tiene como objetivo frenar el creciente número de solicitudes de nacionalidad, especialmente en países sudamericanos como Argentina, Brasil y Venezuela, donde millones de personas descienden de antiguos emigrantes italianos.
Restricciones generacionales
Actualmente, Italia concede la nacionalidad bajo el principio de ius sanguinis —es decir, por sangre o filiación—, lo que ha permitido a muchas personas de todo el mundo reclamar la ciudadanía si pueden demostrar un linaje directo con un ciudadano italiano. Sin embargo, la nueva ley establece límites claros: la nacionalidad solo podrá ser otorgada hasta dos generaciones posteriores al nacimiento en Italia. Esto significa que podrán acceder quienes tengan un padre o abuelo nacido en territorio italiano, pero no más allá.
Además, se introduce un nuevo requisito vinculado a la residencia: si uno de los progenitores del solicitante nació en el extranjero, deberá haber vivido al menos dos años consecutivos en Italia antes del nacimiento del hijo para que este pueda optar por la ciudadanía.
Un fenómeno masivo en Sudamérica
El ministro de Asuntos Exteriores y vicepresidente del Gobierno, Antonio Tajani, principal arquitecto de esta iniciativa, explicó durante una rueda de prensa en marzo que el número de peticiones de nacionalidad ha crecido exponencialmente en los últimos años, muchas veces basadas en vínculos genealógicos lejanos.
Según datos oficiales, los italianos residentes en el extranjero han aumentado un 40% en la última década, pasando de 4,6 millones a 6,4 millones. En Sudamérica, región históricamente ligada a las migraciones italianas del siglo XIX y postguerra, esa cifra ha pasado de 800.000 a más de dos millones en los últimos 20 años.
Tajani incluso mostró ejemplos de anuncios en español que prometen "obtener la ciudadanía italiana" con beneficios laborales inmediatos, destacando que poseer un pasaporte italiano permite residir y trabajar libremente en cualquier país de la Unión Europea.
Apoyo del Gobierno y críticas de la oposición
Durante el debate parlamentario de este martes, los partidos que integran la coalición gubernamental defendieron la medida como un paso necesario para proteger la identidad nacional. El diputado de Hermanos de Italia (HdI), Andrea Di Giuseppe, afirmó que "la cultura y la identidad no son complementos o una llave maestra para beneficiarse de la sanidad, el empleo o las pensiones".
Por otro lado, la oposición cuestionó la decisión. El representante del Partido Demócrata, Toni Ricciardi, recordó que la historia de Italia está marcada por la emigración y sostuvo que los lazos culturales y lingüísticos con países como Argentina o Brasil forman parte de la esencia misma de la identidad italiana.
Un decreto urgente que se convirtió en ley
La norma fue inicialmente presentada como decreto-ley el 28 de marzo por el Gobierno Meloni, un instrumento utilizado en situaciones de emergencia que debe ser confirmado por ambas cámaras dentro de los 60 días. Finalmente, tras semanas de discusiones y modificaciones menores, el texto fue aprobado definitivamente este martes.
Con esta ley, Italia busca equilibrar su política de ciudadanía entre el reconocimiento de sus raíces históricas y la gestión de los efectos prácticos de la globalización, en un momento en que el valor de un pasaporte europeo representa una puerta hacia oportunidades laborales y sociales en toda la UE.
