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Presionados por el gobierno

Supermercados y mayoristas no pagan el aumento paritario acordado

Retuvieron el 1,9% convenido por Comercio porque no fue homologado por el gobierno. Mayoristas y otros comercios también rechazaron pagar la mejora al personal.

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   Bajo la presión explícita del ministro de Economía, Luis Caputo, cadenas de supermercados y mayoristas decidieron no abonar el aumento salarial pactado en la paritaria del sector Comercio. El acuerdo, firmado entre el sindicato y las cámaras empresarias, contemplaba un incremento del 1,9% para abril, junto con una suma fija no remunerativa, pero fue rechazado por el gobierno nacional y ahora tampoco es cumplido por parte de las empresas.

   Este incumplimiento afecta directamente a unos 120 mil trabajadores de grandes cadenas comerciales que, pese al acuerdo alcanzado, no recibieron el aumento correspondiente al mes de abril. Además, desde este miércoles también se confirmó que las cadenas mayoristas y otros sectores vinculados al comercio minorista adoptaron la misma postura, dejando sin efecto el compromiso asumido semanas atrás.

   El conflicto se originó luego de que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Trabajo —a cargo de Julio Cordero—, se negara a homologar el convenio colectivo, aduciendo que excedía el límite salarial del 1% mensual impuesto por la política económica oficial. Sin embargo, el acuerdo establecía claramente que las empresas debían abonar los aumentos aún sin homologación gubernamental, algo que ahora está siendo ignorado.

El acuerdo paritario y su estructura

   El convenio salarial negociado entre el gremio mercantil liderado por Armando Cavalieri y las cámaras empresarias (CAC, CAME y Udeca) preveía un incremento escalonado del 5,4% en tres tramos:  

• 1,9% en abril  

• 1,8% en mayo  

• 1,7% en junio

   Además, incluía el pago de tres sumas fijas no remunerativas: $35.000 en abril, $40.000 en mayo y $40.000 en junio, destinadas a compensar la brecha entre la inflación real y el ajuste salarial acordado.

   Este marco buscaba mitigar el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores del sector, que representa alrededor de 1,2 millones de empleados privados en todo el país. No obstante, tras la reunión mantenida este martes entre Caputo y representantes de ASU (la asociación de supermercadistas), se dio a entender que el Gobierno no solo no homologaría el acuerdo, sino que respaldaría tácitamente su incumplimiento.

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Reacción del gremio y malestar dentro del sector empresarial

   Ante esta situación, el sindicato lanzó una fuerte protesta. En las últimas horas, Cavalieri envió cartas documento a las tres cámaras firmantes del acuerdo (CAC, CAME y Udeca), exigiendo el cumplimiento inmediato del convenio. "No vamos a permitir que se violen acuerdos laborales bajo la mirada complaciente del Estado", sostuvo una alta fuente del gremio.

   La decisión de las empresas de no pagar el aumento generó también cierta tensión interna en el ámbito empresarial. Algunos ejecutivos consultados por medios reconocieron que los aumentos acordados eran moderados y necesarios, y criticaron la postura del gobierno: "Son subas muy por debajo de la inflación, razonables y con sentido común. Acá el problema lo tiene el Gobierno, que se equivoca y pretende que se firmen disparates", señaló un alto directivo de una cadena comercial.

Un nuevo frente de conflicto con los gremios

   Este episodio agudiza aún más la tensión entre el gobierno de Javier Milei y los sindicatos, especialmente con aquellos que aún intentan mantener canales de diálogo. La CGT llevó adelante el tercer paro general contra el modelo económico oficial el pasado 10 de abril, y este nuevo enfrentamiento en el sector Comercio refuerza la idea de que el gobierno prioriza la ruptura de acuerdos sectoriales en pos de su plan de ajuste.

   Además, el conflicto pone en peligro la relación con Armando Cavalieri, uno de los pocos líderes sindicales que mantiene una postura dialoguista dentro de la central obrera. Su desgaste ante sus bases por no lograr el cumplimiento de los acuerdos podría empujarlo a endurecer su posición, ampliando aún más la grieta entre el Poder Ejecutivo y el movimiento obrero.

¿Hacia una judicialización del conflicto?

   Fuentes del sindicato advirtieron que, en caso de no revertirse la situación, analizan iniciar acciones legales contra las empresas que no cumplan con lo estipulado en la paritaria. "Estamos dispuestos al diálogo, pero no a ser burlados por quienes firman acuerdos y luego se escudan en el gobierno para no cumplirlos", concluyeron.

   Mientras tanto, miles de trabajadores del comercio esperan respuestas concretas sobre un derecho que ya les fue reconocido en mesa de negociaciones, pero que ahora se ve truncado por decisiones políticas que ponen en jaque la estabilidad laboral y el salario real en medio de una crisis económica profunda.

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