Entre el lawfare y la ofensiva internacional contra la izquierda

   La decisión judicial ha desatado una intensa polémica y ha sido denunciada por sectores de la izquierda como un eslabón más en una campaña global de criminalización del pensamiento antisionista.

   Jorge Altamira, histórico dirigente de la izquierda argentina, acusó a Rafecas de plegarse a una estrategia de persecución impulsada por los sectores más reaccionarios del poder global. "El juez Rafecas se une a la campaña del fascismo y del sionismo para imputar ‘antisemitismo’ a la izquierda y los demócratas de todo el mundo", sostuvo sin rodeos.

Uso político de la figura del antisemitismo

   Altamira no escatimó argumentos para cuestionar el sustento doctrinario del fallo. Denunció que Rafecas se ampara en la definición de antisemitismo impulsada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), promovida por Donald Trump y Benjamín Netanyahu, la cual ha sido duramente criticada por académicos y juristas por confundir deliberadamente la crítica al sionismo con la incitación al odio contra el pueblo judío. 

   "Rafecas adopta como doctrina una declaración que no tiene carácter vinculante, y que además ha sido ampliamente objetada por juristas de todo el mundo", señaló Altamira, quien recordó que incluso la Declaración de Jerusalén, alternativa a la IHRA, defiende expresamente el derecho a criticar al Estado de Israel y apoyar las reivindicaciones del pueblo palestino.

   El líder del Partido Obrero también remarcó que la resolución de Rafecas elude la jurisprudencia constitucional que protege la libertad de expresión de los legisladores. En ese sentido, denunció que el procesamiento busca instaurar una suerte de "autocensura legislativa" al reinterpretar de forma restrictiva los deberes de un diputado nacional. "Cuando la Constitución prevé que los legisladores no pueden ser molestados por sus opiniones, es justamente para garantizar una voz independiente y sin ataduras", sostuvo.

¿Crítica política o delito de odio?

   El núcleo de la acusación contra Biasi son publicaciones realizadas en la red social X (exTwitter) donde denuncia las acciones del Estado de Israel en Gaza y Cisjordania. Para Altamira, el fallo ignora deliberadamente el contexto de esos mensajes: una ofensiva militar que ha causado decenas de miles de muertes, según organismos internacionales. "Rafecas no le reprocha a Biasi ninguna falsedad, sino simplemente la condena por expresar una posición política crítica frente a un genocidio en curso", afirmó. 

   El contraste con otros casos resulta llamativo. Altamira recordó que Rafecas no procesó al presidente Javier Milei por sus declaraciones de apoyo explícito al gobierno de Netanyahu durante su visita a Jerusalén, ni emitió juicio alguno sobre la legitimidad de respaldar una ofensiva militar con consecuencias humanitarias devastadoras. "Si procesan a una diputada por denunciar crímenes de guerra, ¿qué debería pasar con quien respalda públicamente a sus autores?", se preguntó.

Lawfare de nuevo cuño

   Para Altamira, el fallo de Rafecas se inscribe en una nueva fase del lawfare, ya no contra expresiones populistas o nacionalistas, sino directamente contra la izquierda que denuncia al imperialismo y al sionismo internacional. "La campaña contra Biasi no es un hecho aislado: forma parte de una ofensiva global para equiparar antisionismo con antisemitismo y reprimir la solidaridad internacional con Palestina", sostuvo. En ese sentido, ligó el procesamiento a las crecientes restricciones a la protesta y a la criminalización de la militancia en distintos países de Europa y América Latina.

   Además, cuestionó la invocación de los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina como "contexto" del fallo. "Esos atentados, aún impunes, fueron parte de una guerra internacional, no de un clima de odio judío en la Argentina. Quienes sí difundieron ese odio fueron la Triple A y la dictadura militar, con el apoyo documentado del Estado de Israel", disparó Altamira, retomando investigaciones históricas al respecto.

Una alerta roja sobre la libertad de expresión

   La resolución judicial ha generado una alarma no sólo en el campo de la izquierda, sino también en sectores democráticos y del derecho. En el centro del debate está la pregunta sobre hasta qué punto puede criminalizarse la opinión política en un sistema democrático. Altamira fue claro: "En el terreno político, la libertad de expresión debe ser absoluta. Lo que está en discusión acá no es una incitación al odio, sino el derecho a denunciar el exterminio de un pueblo".

   Finalmente, Altamira advierte que el procesamiento a Biasi debe leerse en clave internacional. "Rafecas forma parte de una comunidad jurídica que está girando hacia el fascismo, donde la criminalización del pensamiento disidente avanza con complicidad judicial". Y concluye: "Frente a este escenario, la izquierda debe mantener su voz independiente y redoblar su campaña contra la guerra, el genocidio y el atropello a las libertades democráticas".