Scioli avanza con la liquidación de dos íconos del peronismo

   La Secretaría de Turismo y Deportes, encabezada por Daniel Scioli, confirmó que ambos inmuebles serán transferidos a la Administración de Bienes del Estado (AABE), conducida por Nicolás Alberto Pakgojz, hombre de la empresa IRSA, que definirá si los concesiona o los pone en venta.

   Según fuentes oficiales, la medida se enmarca en el nuevo enfoque que propone la Ley Nacional de Turismo y responde a razones económicas: los complejos generaban déficit. En 2023, las pérdidas superaron unos u$s 10 millones, y aunque este año se redujeron a 1 millón, debido a la fuerte caída de la actividad registrada en enero y febrero, el gobierno de Javier Milei decidió poner fin a su funcionamiento bajo gestión estatal.

   En cuanto al personal, se anticipó que quedarán inicialmente 30 empleados en cada complejo, mientras que la AABE evaluará luego la situación laboral de esos trabajadores.

   En un borrador firmado por Scioli que se filtró recientemente, se indica que los complejos turísticos son considerados "innecesarios" para el Estado. El documento también recoge las críticas de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), que sostiene que la intervención estatal en la actividad hotelera contradice la visión liberal del gobierno y representa una competencia desleal para los emprendimientos privados de la zona.

   FEHGRA argumenta que la presencia del Estado en este tipo de servicios perjudica a los establecimientos turísticos locales, especialmente en regiones con alta demanda durante todo el año, como Mar del Plata y Córdoba.

   Cabe destacar que la Residencia Presidencial ubicada dentro del complejo de Chapadmalal no será alcanzada por esta medida, ya que está bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia.

   No obstante, cualquier intento de venta o concesión enfrentará un obstáculo legal: los predios fueron expropiados y están declarados como Monumentos Históricos Nacionales, según el Decreto 784/2013. Esto significa que cualquier acción sobre ellos deberá cumplir con la normativa vigente en materia de preservación patrimonial.