Fiscal abre investigación por violencia y pide pruebas al gobierno
La Justicia investiga los incidentes ocurridos en la marcha de jubilados frente al Congreso y el fiscal solicitó al Ministerio de Seguridad pruebas sobre la supuesta participación de barras bravas y la organización de los hechos de violencia.
El fiscal federal Franco Picardi inició una investigación por los incidentes violentos ocurridos durante la marcha de jubilados frente al Congreso Nacional el miércoles pasado. En este marco, solicitó al Ministerio de Seguridad que aporte pruebas que respalden las acusaciones presentadas, incluyendo la supuesta participación de barras bravas y la organización de los actos de violencia.
La investigación surge tras una denuncia presentada por Fernando Soto, en representación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que el juez federal Sebastián Casanello delegara la causa. Picardi pidió acceso a los registros completos de llamadas recibidas en la línea 134, donde, según el Ministerio, se habrían reportado la presencia de barras bravas "presuntamente armadas" y ejerciendo violencia durante la manifestación.
Además, el fiscal requirió documentación sobre los grupos movilizados que, según la denuncia, no tenían vínculo con la convocatoria de jubilados. Solicitó pruebas de las agresiones contra las fuerzas policiales, que incluirían empujones, golpes, lanzamiento de piedras, y el uso de armas blancas y de fuego. También exigió información que respalde la acusación contra Leandro Capriotti, señalado como el "principal organizador" de los incidentes.
El Ministerio de Seguridad sostiene que la violencia fue "premeditada y organizada", alegando que los agresores asistieron con palos, fierros, cuchillos, armas de fuego y clavos tipo "miguelito" para dañar patrulleros y motos policiales, además de elementos para iniciar incendios.
Picardi concluyó que "se deben aportar los materiales mencionados en la denuncia para evaluar la veracidad de los hechos denunciados". El caso, que involucra delitos como "sedición", "atentado al orden constitucional y la vida democrática", y "asociación ilícita agravada", sigue en investigación mientras la Justicia analiza si las pruebas coinciden con las acusaciones del gobierno.
