Memoria en peligro
Aunque el juez Ariel Lijo ordenó a la Secretaría de DDHH que garantice personal, mantenimiento, limpieza y conservación de los sitios de memoria para que sigan abiertos, se mantiene la amenaza de vaciamiento y despidos.
El fallo de Lijo, quien también figura entre los postulantes del gobierno nacional para la Corte Suprema, respondió a un recurso presentado por la legisladora porteña Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña. Este recurso busca frenar el avance de la gestión de Javier Milei sobre los Espacios de Memoria, ubicados en ex centros clandestinos de detención como la ESMA, el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos.
Alcance del fallo
Lijo dispuso que los sitios no deben quedar sin personal capacitado, ni interrumpirse las tareas de mantenimiento, limpieza, conservación edilicia, fumigación, preservación de acervos y archivos, ni las actividades de investigación y coordinación pedagógica. Estas acciones están garantizadas por la Ley 26.691, que protege los Sitios de Memoria.
Despidos y vaciamiento
Sin embargo, la preocupación sigue en aumento. A fines de diciembre, cerca de 90 trabajadores del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ubicado en la ESMA, fueron relevados de sus funciones y pasaron a una "guardia activa" en sus hogares.
Según un relevamiento de la Agencia Andar, en el Espacio de Memoria Virrey Cevallos no quedó ningún trabajador activo tras conocerse los despidos masivos en la Secretaría de DDHH. En el Centro Cultural Haroldo Conti el gobierno redujo su plantilla a la mitad, pasando de 110 a cerca de 50 trabajadores. En el Club Atlético, ya no hay personal en las áreas de investigación, comunicación ni educación. En Automotores Orletti, el equipo pasó de 10 a solo 5 trabajadores, quienes han denunciado públicamente el abandono y desfinanciamiento del gobierno nacional.
Amenaza al RUVTE
La crisis también afecta al Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), una herramienta clave que sistematiza información desde la Conadep, recopila testimonios, apoya procesos judiciales, y acompaña a familias de víctimas. Mariana Pérez, conocida como Princesa Montonera, alertó en redes sociales que el RUVTE enfrenta despidos masivos, lo que pondría en peligro su funcionamiento.
"La desmantelación del RUVTE significaría que el Estado abandone su responsabilidad de responder por el destino de las víctimas. Esto es inaceptable, porque aún debemos saber qué pasó con cada una de ellas", expresó Pérez.
Llamado urgente
La situación de los Sitios de Memoria y el RUVTE no solo afecta la preservación de la memoria colectiva, sino que también pone en riesgo el compromiso del Estado con los derechos humanos y la justicia. La comunidad sigue alerta y exige medidas inmediatas para evitar el vaciamiento de estos espacios fundamentales para la construcción de una memoria histórica.
