¿Cómo frenar los desmontes ilegales?

Como integrantes del Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco queremos acercar nuestra opinión respecto de la situación de la falta de acreditación por parte de la Secretaría de Ambiente de la Nación de la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de nuestra provincia y la problemática emergente del incremento de desmontes ilegales. Siendo esta falta la razón fundamental de acreditación, la causa, según lo expresado por distintos actores del sector forestal en los últimos meses a través de diferentes notas periodísticas. 

En coincidencia con distintos funcionarios consideramos que es de suma importancia contar con un marco regulatorio que permita conocer qué actividades se pueden realizar en nuestros bosques nativos y así poder ordenar y planificar la producción forestal y agropecuaria provincial, de modo que se pueda tener previsibilidad a la hora de producir o invertir en el sector. Para ello es imperioso contar un OTBN actualizado y acreditado. 

Sin embargo, dadas las condiciones en las que se logró la aprobación de la Ley 4005-R en la Cámara de Diputados provincial y los errores técnicos groseros que contiene, creemos que es necesario subsanarlos para poder tener un OTBN como lo exige la Ley Nacional 26331. De este modo remarcamos la responsabilidad que tenemos como provincia en hacernos cargo de la corrección de ese rumbo para poder lograr la acreditación tal cual lo han solicitado diferentes voces y actores del sector; el no corregirlos e insistir en su acreditación tal cual está demuestra intereses mezquinos y muy poco favorables para toda la sociedad chaqueña alejándonos del camino de la producción sostenible.

Debemos dejar en claro que para la Ley 4005-R no fuimos convocados a opinar para su aprobación como tampoco para su promulgación siendo este aspecto una de fundamental importancia dado que la ley de regulación del ejercicio profesional en la provincia establece incumbencia directa de nuestra institución en este tipo de circunstancias. 

Nuestro Consejo Directivo ha solicitado formalmente al ejecutivo provincial –en septiembre y noviembre de 2024 – que se administren los mecanismos para conformar la Mesa de Revisión y Actualización del OTBN establecida en la misma Ley 4005-R y así a corregir lo que es necesario y urgente, brindando las respuestas a lo solicitado por la Dirección Nacional de Bosques para lograr la acreditación y contar con una herramienta de gestión tan importante para nuestra provincia. 

Hasta el momento no hemos recibido invitación o respuesta alguna a esas solicitudes, desde ningún funcionario o estamento. A tal efecto, nuestra provincia tiene responsabilidad directa con la falta de acreditación de la ley. Como ingenieros forestales, siempre nos mostramos abiertos a mejorar las condiciones de trabajo del sector, brindando propuestas superadoras y alternativas con base en la sostenibilidad del recurso forestal.

Los errores a corregir

La Dirección Nacional de Bosques, como Autoridad Nacional de Aplicación, señala varios puntos que deben ser subsanados que tienen que ver con aspectos técnicos, legales y de participación ciudadana para poder lograr la acreditación.

Por ejemplo, dentro de los aspectos legales, el primer error cometido, y ya señalado en el anterior proceso de OTBN (2009) tiene que ver con que en la Ley 4005-R se admite hasta un 20 % de desmonte dentro de la categoría II (amarillo), lo que contraviene a lo expresado en los art. 9 y 14 de la Ley 26.331, es decir que los cambios de uso del suelo solo se pueden hacer en bosques en categoría verde, este punto tiene impacto directo sobre interpretación y aplicación de las disposiciones legales en materia de conservación de bosques nativos, es decir, que deja abierta la puerta que deriva en aquella tan famosa expresión "hecha la ley, hecha la trampa" por la cual se pueden justificar procesos muy controversiales y que hasta incluso van en contra de la ley como las judicializadas recategorizaciones prediales llevadas a cabo en forma sistemática.

Dentro de los aspectos metodológicos –técnicos– el proceso de valorización de bosques y su asignación a las diferentes categorías de conservación presenta graves inconsistencias, reflejando la poca claridad y conocimiento de los procesos por los cuales se asigna el valor de conservación a los bosques, incluso asignando valores de conservación por fuera de la metodología establecida para ello, lo que derivó en que, en la ley aprobada, haya cerca de 220 mil hectáreas de bosques que originalmente se encontraban en categoría amarilla que pasaron a categoría verde sin poseer potencial de sustentabilidad agrícola. 

Incluso, el texto sancionado y su promulgación carecen de información que justifique técnicamente los cambios dentro y entre categorías tal cual lo exige la legislación nacional para su acreditación. El producto de esto ha resultado en un mapa que presenta serias críticas, entre ellas se incluye la falta de respaldo metodológico, la presencia de faltantes en la cobertura, numerosos polígonos perdidos, errores topológicos y varios sectores de bosque no han quedado identificados.

Por otro lado, la Autoridad Nacional de Aplicación remarca que en el cuerpo de la Ley aprobada se debe incluir un análisis de la pérdida de cobertura de bosques nativos, que incluya aquellos desmontes autorizados y los no autorizados, siendo llamativo que las áreas transformadas de manera no autorizada se excluyen del balance de superficie de BN aprobado formalmente, cuando el art. 40 de la Ley 26331 establece que deben mantener la categoría original y deben ser sujeto de restauración y recuperación. La Autoridad Nacional de Aplicación, además, remarca que no se consignan las acciones de la provincia para recuperar y restaurar aquellas superficies boscosas desmontadas ilegalmente que también lo exige ese artículo. Cabe destacar que la misma autoridad señala una superficie de un poco más de 170 mil hectáreas a restaurar.

Si bien la provincia entre 2015 y 2018 recategorizó los bosques de algunos predios, es decir aprobó el cambio de uso de suelos o desmonte de áreas boscosas amarillas pasándolas a una categoría de conservación inferior, apoyándose en un procedimiento que debía ser aplicación excepcional y no sistemático, como lo reflejan los más de cincuenta predios desmontados. Este proceso fue derogado en 2019. Los bosques recategorizados y no desmontados por este procedimiento también en la Ley 4005-R han sido reclasificados de amarillo a verde, es decir que fueron "blanqueados" y habilitados para su desmonte, continuando con el objetivo que ha perseguido la metodología derogada y posteriormente judicializada previa de cambio de categoría. En este sentido creemos que este punto es de vital importancia tomarlo con seriedad, dado que muestra el camino contrario que deben seguir los funcionarios y legisladores que persiguen la producción sostenible.

Finalmente, respecto del proceso participativo con el que se justifica la cumplimentación del requisito el mismo queda invalidado por la gran cantidad de denuncias documentadas y/o de público conocimiento, especialmente respecto al mapa contenido en la Ley 4005-R, por cuanto el mismo no fue sometido al proceso participativo.

No perder más tiempo 

Si bien no hay una receta que garantice esta cuestión desde nuestra institución estamos convencidos de que como primera medida es necesario no perder más tiempo y poner manos a la obra en dar respuestas a las observaciones que realiza la Dirección Nacional de Bosques a la Ley 4005-R, y en el ámbito de la Mesa de Revisión que estableció para lograr la acreditación, para lo cual reiteramos nuestra predisposición al trabajo en conjunto con las demás instituciones. 

Es necesario que desde la actual administración nos den la oportunidad y el espacio de trabajo y opinión técnica calificada y adecuada en lo relativo a la política forestal de la provincia. La siguiente medida tiene que ver con la necesidad de reglamentaciones y marco legislativo más restrictivo, dado que está a la vista que el esquema de sanciones económicas  aplicadas no surte el efecto de frenar el desmonte ilegal; asimismo creemos que además de las multas económicas se debe avanzar sobre otras sanciones, como la de no asistir con las herramientas financieras y de crédito provinciales a aquellos infractores, eliminar bonificaciones en el pago de las multas, prohibir que los productos forestales resultantes del desmonte vuelvan al infractor. Y por si fuera poco, tiene que ver también con la decisión política de restaurar y recuperar nuestros bosques nativos perdidos en forma ilegal, dado que se podría interpretar la falta de voluntad política como el primer obstáculo para frenarlos desmontes, porque si la hubiera se podría haber usado la misma premura que se tuvo en aprobar un OTBN irregular para sancionar alguna ley que castigue más duramente.

Como ingenieros forestales comprometidos con la gestión sostenible de los recursos naturales de nuestra provincia hacemos un llamado a los funcionarios de esta gestión provincial y a los referentes técnicos y decisores de las demás instituciones relacionadas con el sector a poner manos a la obra y poder finalmente lograr un OTBN que garantice una base para la gestión sostenible de nuestros bosques en un marco de consenso para todos los chaqueños.

(*El autor es ingeniero forestal, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco)