Un hecho que conmociona a la opinión pública
Un procedimiento judicial, médico y policial que, por lo desproporcionado y violento para la situación que debía resolver, no registra antecedentes en la provincia desde el regreso de la democracia, generó indignación en buena parte de la ciudadanía chaqueña. El lamentable hecho, ocurrido el 7 de octubre pasado en el barrio Provincias Unidas de la ciudad de Resistencia, tuvo como víctima a una profesional del Poder Judicial que terminó internada, sin su consentimiento, en el Hospital Perrando.
Los videos registrados por testigos, que muestran el antes y el después del desmesurado operativo, sumados a los testimonios de conocidos y allegados de la mujer que resultó víctima de semejante procedimiento, dejan muy poco margen para las dudas. En los videos se puede observar la actuación de los vecinos y de una escribana que, de manera razonable, pedían que se exhiba la orden judicial del allanamiento, por entender que la joven a la que se quería llevar por la fuerza no representaba ningún peligro para sí misma ni para los demás. De hecho, en uno de los registros fílmicos se puede ver a la propia víctima dando su punto de vista de lo que ocurría, expresándose en forma coherente y sin presentar ninguna señal de alteración que ameritara la violenta intervención -a todas luces injustificada- que vendría minutos después, con el ingreso por la fuerza al domicilio pese a que, según se supo luego, existía una negativa explícita de la fiscal de turno.
En este punto, es necesario remarcar que la inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional que protege a todos los habitantes de nuestro país. En las clases de Derecho los profesores suelen citar una antigua frase para recordar a sus alumnos la importancia de la protección del domicilio, como también la correspondencia y los papeles privados como espacios inviolables, donde se deben respetar los derechos individuales: "el viento y la lluvia pueden entrar sin el consentimiento de su dueño, pero el rey no". Vale aclarar que la ley contempla situaciones específicas donde una urgencia o un peligro inminente justifican la intervención y el ingreso a una vivienda sin la autorización expresa de su propietario. Pero todo indica que este caso no reunía los requisitos exigidos por las normas vigentes. Por lo que se puede apreciar en los videos que salieron a la luz pública y de lo que se desprende de los testimonios de vecinos de la mujer que fue internada por la fuerza, no había ningún riesgo de incendio, explosión u otro estrago que podía poner en peligro la vida de personas. Tampoco había un delito en curso, ni existía una denuncia sobre la presencia de personas con indicios manifiestos de cometer un acto al margen de la ley. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron, entonces, a violentar el portón e ingresar a la vivienda del barrio Provincias Unidas, con un fuerte despliegue de uniformados como si se estuviera ante el accionar de una poderosa organización criminal? ¿Por qué ninguna autoridad se hizo cargo del método empleado en este controvertido procedimiento que avasalla todos los derechos de una mujer, a la que incluso habrían sedado para conducirla a una internación no consentida?
El Consejo Profesional de la Abogacía de la Primera Circunscripción Judicial del Chaco fue una de las instituciones que expresó su preocupación por esta situación a la que definió como "un violento hecho que se intenta encuadrar como una medida de protección" para la persona que resultó víctima del inusual procedimiento. "La restricción de la capacidad de las personas y eventualmente el tratamiento o la internación sin su consentimiento, cuando se invocan razones de salud mental, constituyen supuestos de excepción y de interpretación y aplicación restrictiva", observó la entidad y recordó que "el ejercicio y el despliegue de la fuerza pública debe hacerse siempre de manera razonable, mínima y proporcional". La desproporción, crudeza y brutalidad que se observó en el barrio Provincias Unidas fue, exactamente, en sentido contrario. Vecinos y amigos de la mujer que fue llevada por la fuerza dijeron que no existen justificativos para el "aberrante accionar" que hoy conmueve a la opinión pública. También remarcaron que esperan respuestas de las instituciones que deben velar por la seguridad y la protección de la intimidad de todos los ciudadanos. Es de esperar, entonces, que esas respuestas no tarden en llegar.
