Una meta irrenunciable
Obtener resultados positivos en la lucha contra el uso indebido y el tráfico de drogas ilícitas es un objetivo irrenunciable que requiere el esfuerzo coordinado de instituciones y de los distintos sectores de la sociedad. Se trata de uno de los desafíos más importantes que enfrenta la comunidad ya que es un flagelo que impacta en la salud pública y que, además, la mayoría de las veces se traduce en un deterioro en la calidad de vida de las personas dependientes de estas sustancias.
Según la Organización de Estados Americanos, la lucha contra las drogas y el narcotráfico obliga a emplear nuevas estrategias por parte de los países de la región que contemplen el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones judiciales y de seguridad pública mediante una mayor profesionalización, mejores alianzas con la ciudadanía y una mejor cooperación internacional. Hace ya varios años que la OEA viene planteando que el régimen legal y regulatorio empleado para controlar el uso de las drogas a través de sanciones penales, especialmente detenciones y encarcelamiento, no siempre arrojan los resultados esperados y, en muchos casos, causan demasiados daños. Por otra parte, observa que el problema de las drogas es una manifestación de disfunciones sociales y económicas subyacentes que generan violencia y adicción. En este caso se recomienda poner en marcha programas para el fortalecimiento de las comunidades y el mejoramiento de la seguridad y la salud públicas, creados de abajo hacia arriba por los gobiernos locales, las empresas y las organizaciones no gubernamentales. Esto permitiría consolidar comunidades más inclusivas, menos violentas y más sanas que asumirían un rol activo en la lucha contra las drogas y el crimen. Se trata, en rigor, de una cuestión sumamente compleja que tiene, además, múltiples aristas. Se debe entender que el problema en cuestión no solo implica la seguridad, sino que también requiere abordajes sociales y de salud pública. Frente a esta complejidad, como bien advierte la OEA, las políticas represivas no deben ser la única respuesta, por lo que es necesario un trabajo serio que permita hallar alternativas de soluciones a este serio problema que, dicho sea de paso, a la hora de ser abordado tropieza con la falta de datos precisos sobre producción, tráfico y consumo, una carencia que limita la capacidad de los gobiernos para formular políticas efectivas. Es necesario recordar que se está frente a una problemática compleja que requiere un enfoque que abarque no solo la represión del narcotráfico, sino también la prevención, el tratamiento y la reinserción social de aquellas personas afectadas en forma directa por este flagelo. Las experiencias que arrojaron resultados positivos en distintos países de la región demostraron que la colaboración entre instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil es un paso importante que se debe, porque permite abordar esta cuestión desde múltiples ángulos, garantizando que se consideren aspectos sociales, económicos y de salud pública.
El trabajo conjunto entre las instituciones y distintos actores de la sociedad civil también contribuye a fortalecer el tejido social, creando redes de apoyo que son fundamentales para combatir los efectos negativos del consumo de drogas. Estas redes pueden ofrecer asistencia emocional, social y económica a individuos y familias afectadas, ayudando a reducir el estigma que, por lo general, está asociado con el abuso de sustancias.
Un informe de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicado en septiembre pasado, advierte que se registró un aumento significativo en el consumo de nuevas sustancias psicoactivas en los países de la región. Este fenómeno, señala el documento, es considerado una preocupación creciente, ya que estas sustancias presentan riesgos considerables para la salud pública, por lo que se deberán dar respuestas "rápidas y efectivas" al problema. Se trata de una publicación que contiene un resumen de los datos que aporta el Sistema de Alerta Temprana de las Américas, que se puso en marcha en 2019 con el objetivo de detectar amenazas emergentes en el tráfico de drogas ilícitas. En esta última edición, el informe remarca que los países que forman parte de la OEA deberán mejorar sus mecanismos de vigilancia y establecer "sistemas de respuesta innovadores" para abordar el enorme desafío que representan estas nuevas sustancias. Además, el documento hace hincapié en la necesidad de una mayor cooperación internacional para compartir información sobre esta problemática.
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