La Justicia argentina pide a la RAE que retire una acepción de la palabra "judío"
Un reciente fallo del juez Ariel Lijo provocó un debate amplio, al ordenar al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) el bloqueo digital de la acepción presuntamente discriminatoria.
Este dictamen judicial surge a raíz de una denuncia penal presentada por la Fundación Congreso Judío Mundial y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). La palabra "judío" o "judía" figura en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) con varias acepciones. Entre ellas, la última se refiere a una "persona que es avariciosa o usurera", lo que ha suscitado un amplio rechazo social.
Aunque la RAE agrega que dicha definición tiene una connotación "ofensiva o discriminatoria", muchos consideran que esta aclaración no es suficiente para mitigar el "impacto negativo que para la comunidad judía puede tener en la percepción pública". En tal contexto, Lijo sostiene que la acepción "contribuye a un discurso de odio", al atribuir características peyorativas a un colectivo específico por su identidad.
El juez destaca que el discurso "no solo tiene efectos abstractos, sino que produce repercusiones concretas" sobre un número considerable de personas. Al encontrarse incluida en un recurso tan ampliamente utilizado como el diccionario, la definición se convierte en un referente que puede perpetuar estigmas y discriminaciones en la sociedad. La decisión de bloquear esta acepción busca, en última instancia, proteger a un grupo que ha sufrido históricamente por este tipo de ataques verbales.
Ante la presión social y legal, el director de la RAE Santiago Muñoz Machado se pronunció anteriormente sobre el tema, declinando el pedido de eliminación de la definición. Su argumento radica en que la acepción en cuestión está "avalada por el uso", aunque reconoce que su aceptación social es cuestionable. La postura es criticada por quienes consideran que un diccionario debe adaptarse a los valores y sensibilidades de la sociedad contemporánea, especialmente en lo que respecta a términos que pueden incitar al odio o a la discriminación.
El hecho de que una institución de tanta relevancia como la RAE mantenga una definición que puede resultar ofensiva para un grupo determinado pone de relieve la necesidad de una revisión más exhaustiva de su contenido.
No obstante, este tipo de decisiones también puede abrir un debate sobre los límites de la libertad de expresión. Algunas voces críticas argumentan que el bloqueo de una definición podría interpretarse como una censura, lo que podría llevar a una resistencia más amplia por parte de instituciones que consideran que la evolución del lenguaje debe ser orgánica.
