Diputados chaqueños unidos ante Nación por fondos que demanda la lucha contra el narcomenudeo

La iniciativa corresponde al legislador nacional Juan Manuel Pedrini (Unión por la Patria), con el acompañamiento de diputados de diversas bancadas como Aldo Adolfo Leiva y María Luisa Chomiak (Unión por la Patria); Gerardo Cipolini y Juan Carlos Polini (Unión Cívica Radical), entre otros. 

Algunos fundamentos

Entre los fundamentos del proyecto, se destaca que la ley 23.737 introdujo modificaciones al Código Penal en la persecución de delitos de tráfico de estupefacientes donde, en su redacción original, previó la competencia federal exclusiva en la investigación de los mismos. Ahora bien, la ley 26.052 –de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes- modificó el artículo 34 de la citada 23.737 abriendo la posibilidad que las jurisdicciones provinciales investiguen algunos delitos vinculados a estos hechos en supuestos específicos de muy pequeña escala ("narcomenudeo"), para aquellas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, mediante ley de adhesión, opten por asumir su competencia en las condiciones y con los alcances que allí se prevén.

Para la implementación de este nuevo régimen de "desfederalización", la ley 26.052 contempló el correlativo financiamiento nacional, de la competencia asumida por las provincias adherentes. En su artículo 5, estableció un sistema de transferencias proporcionales, a las jurisdicciones (provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que adhieran, y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la misma.

El caso del Chaco

En el caso del Chaco, la provincia adhirió a la Ley N° 23.737, a través de la Ley provincial 2304-N (antes Ley 7573), conforme lo dispuesto por el artículo 34 en los términos, condiciones y alcances previstos por la 26.052. La ley de adhesión, además, creó el fuero contra el Narcotráfico en la Provincia del Chaco con la siguiente estructura: un Juzgado de Garantías en la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia; dos Fiscalías de Investigación Antidrogas; y un Defensor Oficial con competencia en los delitos previstos por el art. 34 de la Ley Nacional N° 23.737.

Asimismo, dispuso la creación de Ayudantes Fiscales con afectación específica en las demás Circunscripciones Judiciales (artículo 3°). Los Fiscales y el Defensor ejercen sus funciones en forma alternativa en cualquier circunscripción judicial.

Esa organización tuvo una modificación con la Ley N° 3762-N, que sumó -a las ya existentes Fiscalías y Defensoría-: dos Fiscalías de Investigación Antidrogas y una Defensoría Oficial en la Segunda Circunscripción Judicial. Estas dependencias ejercen sus funciones en forma alternativa en la Segunda, Tercera, Cuarta y Sexta Circunscripción Judicial (artículo 1°, Ley N°3762-N).

Asimismo, creó un Juzgado de Garantías con asiento en la Segunda Circunscripción Judicial, con competencia prioritaria en delitos de microtráfico. Además de la estructura creada, el fuero de narcomenudeo implicó el incremento de las erogaciones en concepto de equipamiento, reactivos, software para la eficaz persecución de los delitos.

Dentro de estas partidas presupuestarias para el Chaco, se incluyen los recursos necesarios para afrontar los sueldos, como también para garantizar el correcto funcionamiento de las distintas oficinas que componen el Fuero, como ser el Juzgado de Garantías N° 5, la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1 y N° 2, y la Defensoría Oficial Antidrogas, todas de la ciudad de Resistencia. "Lo cierto es que la transferencia de partidas no se efectiviza, dificultando las tareas del objetivo central planteado al proponerse esta política pública para la persecución de estos delitos que tanto afectan a nuestra sociedad, en particular a nuestros jóvenes y adolescentes", plantearon los legisladores en el proyecto de Declaración.

Y concluyen: "Así, aparece como central que la Administración Pública Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial de la Nación den cumplimiento real y efectivo a los términos de la ley 6.052 para lograr el propósito de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes, pero sobre todo, para que las provincias que hayan adherido a la misma, cuenten con los recursos necesarios para combatir exitosamente el delito en ese último eslabón".