Gigantes tecnológicos vs. Estados nacionales
La pulseada entre la Justicia de Brasil y el empresario Elon Musk, que derivó en la suspensión de la red X (antes Twitter) en el vecino país, pone de relieve la creciente influencia de las grandes corporaciones tecnológicas y sus plataformas digitales. También plantea interrogantes sobre la capacidad de estas poderosas compañías para imponer nuevas reglas de juego, ignorando a los Estados nacionales.
La Justicia de Brasil ordenó el cierre de la red social X debido a la negativa de la empresa a cumplir con una orden judicial que exigía el nombramiento de un representante legal de esa compañía en el vecino país. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, adoptó esta decisión el 30 de agosto, después de que X no designara un representante en el plazo de 24 horas establecido por la Corte. A esta instancia se llegó luego de una serie de conflictos entre el juez y la plataforma, que incluyeron el incumplimiento de órdenes para bloquear cuentas de usuarios que difundían desinformación y discursos de odio. De Moraes justificó su decisión al señalar que la plataforma estaba siendo utilizada por grupos de activistas para propagar información falsa y que estarían vinculados con el intento de golpe de Estado en Brasil, ocurrido en enero del año pasado. Además, el juez había aumentado el valor de las multas diarias impuestas a la plataforma de Elon Musk por no acatar sus resoluciones, lo que llevó a la empresa a cerrar su oficina en Brasil.
Pero las autoridades brasileñas no son las únicas que ponen la lupa sobre las plataformas. El 24 de agosto pasado, Pavel Durov, fundador de la aplicación de mensajería Telegram, fue detenido por la policía francesa cuando bajaba de su avión privado en el aeropuerto Le Bourget de París. Según las autoridades francesas, la detención se produjo como parte de una investigación por presuntos delitos de fraude, tráfico de drogas, contenido sexual infantil y blanqueo de dinero. La Justicia francesa, además, señaló que el dueño de Telegram no cooperó cuando se le ordenó que intervenga para identificar y dar de baja a usuarios sospechados de participar en operaciones de tráfico de drogas, abuso infantil y fraudes. Para las autoridades judiciales francesas, Telegram no aplica controles de moderación en la plataforma, lo que permite que sea utilizada con mayor facilidad para actividades ilegales. Sin embargo, el abogado de Durov consideró que esas acusaciones no están apoyadas en argumentos válidos, sino que representan un ataque a la libertad de expresión.
En abril, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una ley anti TikTok debido a preocupaciones sobre la seguridad nacional. La norma exige que Byte Dance, la empresa matriz china de TikTok, venda su participación en la aplicación en un plazo de seis meses, o de lo contrario, la aplicación sería prohibida en el país. Los legisladores que impulsaron la iniciativa explicaron que el gobierno chino pueda obligar a Byte Dance a entregar datos de los 170 millones de usuarios de TikTok en Estados Unidos para ser utilizados con fines de inteligencia estratégica.
Para algunos expertos, las crecientes tensiones entre Estados nacionales y las grandes plataformas tecnológicas confirman que se está ante un proceso de transformación en las relaciones de poder en esta era digital. Uno de los primeros en advertir sobre ese fenómeno fue el economista y ex ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis. En su libro "Tecnofeudalismo" sostiene que la política actual tiene serias dificultades para enfrentar el poder creciente de las grandes empresas tecnológicas. "El capitalismo ha muerto y el sistema que lo reemplaza no es el mejor. Las dinámicas tradicionales del capitalismo ya no gobiernan la economía. Lo que ha matado a este sistema es el propio capital y los cambios tecnológicos acelerados de las últimas dos décadas, que, como un virus, han acabado con su huésped", se señala en la introducción de la obra. Según Varoufakis, los pilares en los que se asentaba el capitalismo han sido reemplazados: los mercados, por plataformas digitales que son auténticos feudos de las grandes compañías tecnológicas; y el beneficio, por la pura extracción de rentas. Nadie sabe cómo terminará la puja entre gigantes tecnológicos y Estados nacionales. Lo que sí está claro es que las tensiones entre ambos seguirán por mucho tiempo cuando se trate de regulación, soberanía digital y control de datos.
