Un suboficial de la Policía del Chaco fue citado para aportar datos sobre un hecho grave de 1974

La jueza federal N° 1 Zunilda Niremperger citó a indagatoria para este martes 6 de agosto al suboficial de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco Gabino Manader, por los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados, considerados crímenes de lesa humanidad, contra los sacerdotes Joaquín Nuñez y Gianfranco Testa, por hechos ocurridos en el año 1974 en la alcaidía de Sáenz Peña.

En los inicios de los años 70 los sacerdotes Nuñez y Testa pertenecieron originalmente al Movimiento Rural Católico y luego acompañaron la conformación de Las Ligas Agrarias integrada por pequeños productores en un intento por conformar el gremio Sindicato Único de Obreros Rurales (Sudor) posteriormente Uatre y la incipiente Federación de Aborígenes del Chaco.

Los sacerdotes Joaquín Núñez, de la parroquia de Quitilipi, y Gianfranco Testa, de Machagai, fueron detenidos por la policía del Chaco, el 14 y 15 de abril de 1974. En la alcaidía de Sáenz Peña fueron torturados por una comisión de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco encabezada por el jefe y subjefe los comisarios Carlos Alcides Thomas y Wenceslao Ceniquel, el suboficial Gabino Manader y el agente José María Cardozo.

Los dos primeros policías se encuentran fallecidos.

La reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscalía Federal se asienta en los relatos de las víctimas, declaraciones de otros detenidos, testimonios de las monjas Nuria Puiggros Sampere, Ruth Ligia María Rodríguez y Epifanía Ceferina Neira, además de actuaciones judiciales e informes médicos de la época.

El sacerdote Joaquín Nuñez, de la orden de los Franciscanos, estuvo cinco años detenido en la alcaidía de Resistencia y

en las cárceles federales U7, Rawson, Devoto y La Plata. En 1986 desde la parroquia de Caacupé en el humilde Barrio de Bella Vista de Rosario realizó un importante trabajo social durante muchos años. En la actualidad está alojado en un gerontocomio de la Congregación de los Franciscanos.

Mientras que Gianfranco Testa, integrante de la Orden Los Misioneros de la Comnsolata, estuvo detenido en la alcaidía de Resistencia y en la cárcel federal U7. Por su nacionalidad italiana fue expulsado del país por el presidente de facto Jorge Rafael Videla en 1978. Testa continuó luego su sacerdocio en Nicaragua y Colombia y actualmente reside en Italia.

Causa Ligas Agrarias 

El 25 de junio de 2019 el Tribunal Oral Federal de Resistencia juzgó a los responsables de los asesinatos de los dirigentes de las Ligas Agrarias Eduardo "Ñaro" Gómez Estigarribia (1977) y Carlos Piccol (1979) y por tormentos a los trabajadores rurales Santos e Hipólito Britez y Modesto Meza (1976).

El tribunal condenó al exteniente coronel del Ejército José Tadeo Betolli y al policía Alcides Sanferraiter a la pena de prisión perpetua por los asesinatos; mientras que al comisario Rodríguez Valiente por el encubrimiento al momento de rubricar las actas de los operativos en los que fueron ejecutados los dirigentes liguistas antes nombrados bajo el montaje de un "enfrentamiento" y al comisario General Eduardo Wischnivetzky a 18 años de prisión por los tormentos a trabajadores.

En los fundamentos de esta sentencia el Tribunal Oral habló del papel del movimiento rural en la defensa de los derechos de las familias campesinas: "las Ligas Agrarias – desarrolladas en las provincias del nordeste- en particular, se apoyaban en el factor de marginalidad que poseían los pequeños productores, campesinos y trabajadores rurales en el contexto de la sociedad capitalista vigente. Las Ligas Agrarias representaron entonces un gran sector de productores rurales, tanto colonos como campesinos, que viéndose marginados del modelo de desarrollo dominante, irrumpieron en la arena de la lucha política de los años 70 colocando al agro al lado del resto de las expresiones de cambio radical de aquellos años".

En otra parte de la resolución judicial se refiere al rol del Ejército en operativos de represión ilegal: "El Ejército Argentino como parte de su pregonado ‘proceso de reorganización nacional’ (1976-1983) movilizó efectivos al interior de Chaco, incluidos también los cuadros de la Policía provincial, que por normativas de facto vigentes a la época les estaban subordinados. En lo que se conoció como lucha contra la subversión y en la persecución de los consideraban elementos hostiles -de suyo, en la práctica así fueron considerados los miembros de Ligas Agrarias-, se ejecutaron operaciones que implicaron el hostigamiento, la represión, desaparición y muerte de parte de trabajadores rurales, pequeños productores, sus militantes y dirigentes".

También el mismo Tribunal juzgó y condenó a los responsables de casos de dirigentes y militantes de las Ligas Agrarias torturados y asesinados en las Causas Masacre de Margarita Belén (2011), Caballero 1 (2010), Caballero 2 (2018) y Caballero 3 (2021).

Asimismo por una investigación realizada por la justicia federal del Chaco, el Tribunal Oral Federal de San Martín condenó a militares del Batallón 601, por las desapariciones de los dirigentes de las Ligas Agrarias del Chaco: Hugo Vocouber, Luis Alberto Fleitas y Armando Molina.