Continúan las visitas políticas a los condenados de la dictadura
Funcionarios de Defensa visitaron a los genocidas en Campo de Mayo.
Tras el escándalo generado por la visita de seis diputados de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza para ver al condenado por delitos de lesa humanidad Alfredo Astiz, el ministro de Defensa Luis Petri envió a dos de sus colaboradores a la Unidad 34 de Campo de Mayo. Allí están alojados otros conocidos delincuentes de la dictadura, como el sacerdote Christian Federico Von Wernich, excapellán de la Policía Bonaerense, y Julio "el Turco Julián" Simón, exmiembro de la Policía Federal.
A Campo de Mayo asistieron Guillermo Madero, subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, y Lucas Erbes, director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Madero, quien hizo campaña por Patricia Bullrich, es cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel. Fue el primer funcionario en negar información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para la búsqueda de bebés robados durante la dictadura.
Tras la visita, se llevaron un borrador de decreto que pretende declarar que todos sus crímenes ya no pueden ser perseguidos por el paso del tiempo. Esto contradice la jurisprudencia nacional e internacional que considera estos delitos como imprescriptibles, ya que se siguen cometiendo mientras los perpetradores no revelen la ubicación de los restos de sus víctimas o la identidad de los bebés robados.
Posteriormente, Erbes despidió a los expertos que revisaban y analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas por crímenes de lesa humanidad, acusándolos de ser un "grupo parajudicial que hacía macartismo" contra los militares. En su lugar, nombró a Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal, miembros de organizaciones negacionistas, algunas de las cuales son presididas por la propia Victoria Villarruel.
Organismos de derechos humanos advirtieron que estos hechos representan un avance en la política negacionista del gobierno, que hasta ahora no había reivindicado abiertamente la dictadura, sino que se limitaba a hablar de "excesos" de los militares y de "memoria completa" en un intento de reinstaurar la "teoría de los dos demonios".
Los represores expresaron su deseo de que Javier Milei emita un decreto estableciendo que el proceso penal no puede durar más de 25 años, contados desde la comisión del delito. Beltrán Benedit, uno de los seis diputados que visitaron a los genocidas en Ezeiza, afirmó que está trabajando por la pronta liberación de "todos los patriotas", como llama a los autores y participantes de un plan sistemático de secuestros, torturas, asesinatos, violaciones, robo de bebés y desapariciones forzadas.
*Publicado en Página/12
