Cuestionan a Casación por sacar de la causa a Ángelo Calcaterra
El Tribunal Oral 7 dijo que la Cámara intervino "por fuera de las previsiones" y que tomó una decisión que solo corresponde a la Corte.
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), encargado del juicio del caso de los cuadernos, emitió una fuerte resolución contra la Cámara de Casación. El TOF 7 criticó a la Cámara por intervenir "por fuera de previsiones" al retirar del caso a Angelo Calcaterra y enviar su investigación a la Justicia Electoral, bajo el argumento de que Calcaterra hizo aportes de campaña en lugar de pagar coimas.
La Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, falló a favor de Calcaterra y Javier Sánchez Caballero, ordenando que su caso se trate en el fuero electoral.
El TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, decidió no remitir las actuaciones a la jueza federal María Servini hasta que el fallo de la Cámara de Casación quede firme, lo cual solo sucederá cuando la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso. Además, el TOF 7 argumentó que los jueces de la Cámara de Casación se atribuyeron una jurisdicción que no tenían, ya que solo la Corte Suprema podía resolver el conflicto de competencia promovido por la defensa de Calcaterra.
Los jueces Méndez Signori y Canero del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) criticaron la decisión de la Cámara de Casación de intervenir en el caso de Angelo Calcaterra, afirmando que carecía de justificación legal. Consideraron que la Corte Suprema debe intervenir para resolver la situación. El juez Germán Castelli, en un voto minoritario, también solicitó la intervención inmediata de la Corte Suprema, argumentando que la Cámara de Casación se extralimitó en sus funciones y afectó la administración de justicia.
El TOF 7 expresó que la Cámara de Casación se entrometió indebidamente en la jurisdicción de otro tribunal, lo que justifica la intervención del máximo tribunal. Castelli destacó que esta situación excepcional debe ser informada a la Corte Suprema para corregir la inconducta procesal.
Paralelamente, el Gobierno, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), apeló el fallo de la Cámara de Casación que envió la investigación de Calcaterra al fuero electoral. Calcaterra argumentaba que los pagos realizados durante la gestión kirchnerista eran "aportes voluntarios para la campaña electoral" y no sobornos, lo que fue respaldado por la Cámara de Casación pero cuestionado por el TOF 7 y la UIF.
El fiscal general ante la Cámara de Casación, Raúl Plee, se opuso a la decisión de la Sala I que favoreció a Angelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero, solicitando anular dicha resolución. Plee argumentó que la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, no fue notificada del trámite del caso en el Sistema Lex 100, lo que violó el debido proceso penal.
La UIF también presentó un escrito este jueves, reclamando que no se les permitió exponer su punto de vista y que se restringieron arbitrariamente sus facultades recursivas. Señalaron que la falta de notificación perjudicó sus intereses y afectó el derecho a ser oídos. Por ello, apelaron el fallo de la Sala I, argumentando que se violaron las garantías del debido proceso.
La UIF consideró que la resolución de la Casación impide que se celebre el debate oral y público necesario para el caso. Además, cuestionaron el cambio de competencia que trasladó la investigación al fuero electoral después de cerrada la instrucción, lo que consideran una sustitución arbitraria del análisis de los hechos y pruebas. La UIF concluyó que todo este proceso atenta contra el avance del juicio oral y público, especialmente considerando el tiempo transcurrido desde que el caso fue elevado a juicio.
El caso
El planteo central de Angelo Calcaterra y Javier Sánchez Caballero es que los pagos realizados durante la gestión kirchnerista eran "aportes voluntarios para la campaña electoral" y no sobornos. Los pagos se realizaron en fechas específicas de 2013 y 2015, vinculados a procesos electorales de esos años.
Ellos argumentaron que los pagos de 2013 estaban relacionados con las elecciones PASO del 1° de agosto y las legislativas del 27 de octubre, mientras que los de 2015 se vincularon con las elecciones primarias del 9 de agosto y las presidenciales del 25 de octubre. También señalaron que según las anotaciones de Centeno, parte del dinero recolectado fue destinado a campañas políticas manejadas por Abal Medina y su secretario Larraburu.
La jueza federal María Servini aceptó el pedido de la defensa de que el Tribunal Oral Federal 7 no interviniera en las acusaciones contra Calcaterra y Sánchez Caballero, ordenando que los testimonios relacionados con los pagos durante las elecciones de 2013 y 2015 se remitieran a la justicia electoral.
La fiscal Fabiana León se opuso a que el caso se tramitara en el fuero electoral penal, y su criterio fue respaldado por el TOF 7. La defensa apeló esta decisión, llevando la discusión hasta la Cámara Federal de Casación Penal.
