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La larga tradición de la educación pública

El próximo 8 de julio se cumplirán 140 años de la sanción de la ley nacional 1420, de educación común, gratuita y obligatoria que sentó las bases del sistema educativo argentino. Aunque el debate sobre la escolarización obligatoria para niños parecía haber quedado saldado con la aprobación de esa norma, las polémicas expresiones de un legislador nacional de La Libertad Avanza que planteó que la enseñanza no debe ser obligatoria y que las familias pueden permitir el trabajo infantil volvieron a poner el tema en la agenda pública. 

En declaraciones a un programa de radio, el diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Alberto Benegas Lynch, reiteró su postura en contra de la obligatoriedad que establece la ley para la escolarización de los más pequeños y se mostró a favor de que sea cada familia la que decida si desea que los niños trabajen o concurran a un establecimiento escolar. "¿Cómo va a ser el Estado el que decide sobre el chico?", argumentó el legislador. Si bien el planteo sobre la posibilidad de optar por la educación de los hijos forma parte del repertorio de ideas libertarias, desde la Casa Rosada -a través del vocero presidencial- se aclaró que la postura del diputado no era compartida por el gobierno nacional. En ese sentido, vale recordar que el titular del Ejecutivo nacional, Javier Milei, suele destacar en sus discursos la figura del presidente Julio Argentino Roca, en cuya administración se promulgó la ley 1420 que establece la educación primaria común, gratuita y obligatoria. Pero, en rigor, los alcances de esta norma solo tuvieron efecto en un primer momento en las escuelas de Capital Federal. Fue con la denominada ley Láinez, sancionada el 9 de octubre de 1905 con el número 4.874 y el decreto reglamentario que se firmó el 14 de febrero de 1906, que la obligatoriedad también llegó a las jurisdicciones provinciales, en un momento en el que el analfabetismo era un problema grave para el país: según el censo realizado en 1895 más del 50 por ciento de la población no sabía leer ni escribir.

No es casual que la escolaridad sea obligatoria en todas las naciones desarrolladas del mundo. Plantear, en pleno siglo XXI, que la educación debe ser optativa es tan descabellado que, para dar un ejemplo, los pocos países sin escolarización obligatoria figuran últimos en todos los indicadores de desarrollo humano elaborados por Naciones Unidas. Según Unicef, Liberia es el país que tiene el mayor porcentaje de niños sin escolarizar, con casi dos terceras partes de niños en edad de recibir educación primaria que no van a la escuela. El segundo país de la lista es Sudán del Sur, donde el 59% de los niños no recibió educación primaria. Afganistán (46%), Sudán (45%), el Níger (38%) y Nigeria (34%) también se encuentran entre los diez países con mayores índices de desescolarización en educación primaria. Todas estas naciones tienen algo en común: viven prolongadas crisis y emergencias humanitarias que obligan a los niños a abandonar la escuela.

Argentina tiene una larga tradición en materia de obligatoriedad de la educación. A las normas citadas (1420 de 1884 y 4.874 de 1905) se suma la ley de Educación Nacional N°26.206, sancionada en 2006, que establece la obligatoriedad desde los cuatro años hasta la finalización del ciclo secundario. Esta última ley, en su artículo 3, establece que la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado "para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico y social de la Nación".

No se equivocan quienes sostienen que el sistema educativo hoy enfrenta grandes problemas. De hecho, en la Argentina actual de cada 100 estudiantes que ingresan a la escuela secundaria sólo 16 terminan ese ciclo de formación a tiempo y con los conocimientos que deben tener en esa etapa de la educación formal. Sin embargo, eso no es una excusa para proponer que las familias retomen prácticas del siglo XIX. Al contrario, hay que sumar cada vez más esfuerzos  para que la educación pública, gratuita y de calidad esté al alcance de los niños de todos los rincones del país.

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