Pobreza y trabajo infantil
Estudios que se llevaron a cabo en distintos países de América Latina en los grupos más vulnerables de la población confirmaron que existe una estrecha relación entre la pobreza y el trabajo infantil. Se comprobó que la falta de recursos económicos en los hogares empuja a los niños, las niñas y adolescentes a trabajar para contribuir al sustento familiar, lo que perpetúa un ciclo de pobreza.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Unicef, lanzaron campañas para generar conciencia sobre la necesidad de sumar esfuerzos para erradicar este problema que afecta a los niños de los hogares más pobres. Según estas organizaciones internacionales, el sector agrícola representa el 70% de los niños en situación de trabajo infantil, seguido por los servicios con un 20% y la industria con un 10%.
A nivel global las cifras son alarmantes: aproximadamente 160 millones de niños trabajan en el mundo, de los cuales casi la mitad realizan trabajos peligrosos que ponen en riesgo su salud y sus vidas. Además, como se dijo, la prevalencia del trabajo infantil es mayor en áreas rurales que en zonas urbanas, siendo casi tres veces más común en entornos rurales. Los expertos en la lucha contra este flagelo recomiendan fomentar un sistema de protección social adecuado, aumentar la inversión en educación gratuita y de calidad y redoblar esfuerzos para reducir los índices de abandono escolar con medidas que promuevan el regreso de los niños a las aulas.
Un informe especial preparado por la OIT para abordar esta problemática observa que el trabajo infantil no solo afecta la educación y los derechos de los niños, sino que también limita sus oportunidades futuras, contribuyendo a círculos viciosos de pobreza y más trabajo infantil. Por eso, advierte la organización internacional, se necesita romper el círculo vicioso de pobreza y trabajo infantil, ya que afecta el acceso a la educación y la posibilidad de tener trabajo decente y protección social en la vida adulta. Está comprobado que quienes trabajaron durante su niñez son más vulnerables a la pobreza y a depender del trabajo de sus hijos e hijas para la supervivencia del hogar.
La semana pasada, en nuestro país, la OIT lanzó nueva campaña nacional de difusión contra el trabajo infantil con el acompañamiento de la CTA Autónoma, la CGT y la CTA de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina. Esta campaña tiene como desafío sensibilizar e informar acerca de la problemática y se lleva adelante bajo el lema "No se puede transformar lo que no se conoce". Según los organizadores de la misma, en Argentina, uno de cada diez niños, niñas y adolescentes trabaja. En las zonas rurales, en tanto, el trabajo infantil alcanza a 2 de cada 10 niños y niñas de entre 5 y 15 años. Por otra parte, se estima que del total de adolescentes que trabajan el 25,6% no asiste a la escuela.
La Organización Internacional del Trabajo explica que se considera trabajo infantil a toda actividad realizada antes de los 16 años que priva a los niños y niñas y a su infancia y afecta su desarrollo físico, mental y social; y recuerda que las políticas de protección social destinadas a la niñez tienen un impacto positivo en la lucha contra este flagelo. Otro aspecto a tener en cuenta es que el trabajo en edades no permitidas tiene efectos negativos en la salud de los niños. Diversas investigaciones han demostrado que el trabajo en los niños los expone a sufrir accidentes, los predispone a desarrollar múltiples enfermedades y afecta su desarrollo físico y mental. Es que los niños son más vulnerables que los adultos a los riesgos laborales debido a su etapa de desarrollo, lo que los hace propensos a sufrir lesiones y problemas de salud derivados de las condiciones laborales inadecuadas.
Los distintos sectores de la sociedad deben tomar conciencia del trabajo infantil, además de vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes, también afecta su salud, impacta en forma negativa en su acceso a la educación y limita el tiempo de juego y recreación. Erradicar la pobreza y el trabajo infantil son desafíos que requieren fortalecer las políticas públicas de protección de la niñez, promoviendo el acceso y el cumplimiento efectivo de sus derechos.
