Cosechas robadas: empresas del agronegocio evaden millones de dólares vía Uruguay
Las empresas exportadoras de productos agrícolas en Argentina evaden miles de millones de dólares en impuestos a través de Uruguay, según una investigación de Alejandro Gaggero y Gustavo Zanotti.
Esta maniobra, que desfinancia al Estado, involucra a compañías como Cargill, Bunge, Nidera, Cofco, ADM, Monsanto, Viterra, Syngenta, Vicentin, Molinos, Aceitera General Deheza (AGD), Adecoagro y ACA. Estas empresas utilizan "empresas cáscara" en Uruguay para declarar ganancias de ventas realizadas en Argentina y Brasil, aprovechando el régimen fiscal especial uruguayo que reduce los impuestos a menos del uno por ciento. Esta práctica reduce significativamente los ingresos fiscales para el estado argentino.
Las empresas uruguayas adquieren la producción de empresas argentinas a precios inferiores al mercado, luego venden esa producción a compañías extranjeras. El objetivo es evadir el impuesto a las ganancias. Las empresas estudiadas incluyen multinacionales como Cargill, Bunge, Nidera, Cofco, ADM, Monsanto, Viterra y Syngenta, así como empresas argentinas como Vicentin, Molinos, AGD, Adecoagro y ACA. Estas empresas utilizan empresas "cáscara" en Uruguay para realizar estas operaciones. El caso de Vicentin, con su compleja estructura internacional, ilustra los problemas que estas empresas generan para el Estado argentino. El informe señala que este tipo de prácticas no son excepcionales y existen desde principios de siglo, con un entramado que busca evadir impuestos de manera global.
En Argentina, grandes empresas multinacionales y grupos económicos locales como Bunge, Cargill, Dreyfus, Vicentin y AGD lideraron la expansión del agronegocio, favorecidos por modificaciones en la Ley de Granos y la autorización para construir puertos privados durante la dictadura cívico-militar. En la década de 1990, la ley de actividades portuarias y la aprobación de la soja transgénica consolidaron este modelo.
Uruguay es atractivo para la evasión fiscal debido a su trato especial para holdings extranjeros, que están exentos del impuesto a la renta de actividades económicas y del impuesto al patrimonio. También tiene un régimen especial para empresas de intermediación en la compraventa internacional, que les permite pagar aproximadamente el 0,75% de sus ganancias. Las empresas solo utilizan a Uruguay como intermediario para incrementar sus ganancias con una carga impositiva casi nula.
Las empresas cáscara estudiadas tienen un gasto en empleados equivalente al 0,14% de lo facturado y solo el 1,1% de sus activos fijos corresponden a activos reales. Uruguay, donde estas prácticas ilegales son comunes, no adoptó las reglas de transparencia fiscal de la Unión Europea, lo que permite a las empresas extranjeras pagar muy pocos impuestos. En 2021, las empresas cáscara del agronegocio facturaron 42.000 millones de dólares en Uruguay, representando el 43% del valor bruto de producción del país y el 72% de su PIB. En Argentina, estas prácticas han llevado a una pérdida de recaudación estimada entre 1.200 y 2.400 millones de dólares en 2021. Además, empresas como Cargill y Bunge utilizan triangulaciones con otros países, como Brasil, para evadir impuestos. Las prácticas de abuso fiscal también se extienden a otros sectores, provocando una pérdida significativa de recursos para los Estados, especialmente los más pobres.
Alejandro Gaggero y Gustavo Zanotti, en su investigación, destacan cómo empresas del agronegocio utilizan prácticas de abuso fiscal para eludir impuestos, tanto multinacionales como nacionales. La estructura es similar: una empresa en Argentina produce y otra en Uruguay se encarga de la comercialización, asociándose con empresas de otros países o guaridas fiscales. La manipulación de precios de transferencia es ilegal pero difícil de controlar, ya que puede camuflarse de diversas formas. Se sugiere gravar a las multinacionales con un impuesto mínimo del 15% sobre las ganancias, discusión que se da en la OCDE. Para frenar estas estrategias, se propone que Argentina y Brasil negocien con Uruguay sobre sus regímenes especiales, y se plantea la necesidad de cambios regulatorios que graven de forma diferencial las relaciones entre empresas productivas argentinas y sus "empresas cáscara". El debate sobre impuestos, incluyendo planteamientos como los de Milei que apunta contra todo impuesto, muestra la inequidad del sistema fiscal actual y la necesidad de medidas concretas para enfrentar el abuso fiscal.
Fuente: Agencia Tierra Viva
