Protesta por la falta de alimentos en comedores populares
Miles de manifestantes de organizaciones sociales denunciaron que el gobierno nacional no está proporcionando los suministros alimentarios necesarios para millones de personas que dependen de los comedores populares, "ni siquiera un peso de los devaluados $ 84.000 millones que estaban en el presupuesto 2023 y que este gobierno ha prorrogado".
Trabajadores y organizaciones del Frente de Lucha Piquetero se reunieron en una acción frente al Puente Pueyrredón en Avellaneda para exigir una respuesta ante el recorte total en la provisión de alimentos por parte del Estado nacional para la asistencia alimentaria en los barrios, la cual afecta a millones de trabajadores pobres y sus familias. Denunciaron que más de 30.000 comedores populares debieron cerrar por una decisión de la ministra Pettovello, que "desatiende la situación de pobreza".
Las organizaciones criticaron las declaraciones de la ministra, quien sugirió que las personas que necesiten ayuda alimentaria deberían presentarse individualmente para ser registradas. Esto fue interpretado como una "provocación" debido a su impracticabilidad. Tras estas declaraciones, miles de trabajadores desempleados hicieron fila durante más de 20 cuadras frente al Ministerio de Capital Humano para ser atendidos personalmente, como había prometido Pettovello, pero ninguno fue recibido.
Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se suspendió la provisión de alimentos secos para los comedores populares, que desempeñan un papel crucial en el apoyo a millones de trabajadores y sus familias que no pueden llegar a fin de mes ni asegurar una alimentación adecuada. El gobierno argumenta que ya "no entregará recursos alimentarios a intermediarios" y que lo hará directamente, aunque esto fue desmentido por el trato desconsiderado hacia quienes acudieron a la cita convocada por la ministra.
Sin embargo, parece ser una práctica discriminatoria, ya que el gobierno firmó en estos días acuerdos de asistencia alimentaria con intermediarios como la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera) y la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (Conin). Además, renovó un acuerdo con la Iglesia católica (Cáritas Argentina) por 310 millones de pesos para alimentos, tras el reproche público de la Conferencia Episcopal.
Los aumentos en la Asignación Universal por Hijo y en los montos de la Tarjeta Alimentar no compensan el ajuste total del gobierno en la política de asistencia alimentaria, ni siquiera llegan a cubrir la inflación generada por las políticas económicas de Javier Milei. Según un informe de la consultora Analytica, en enero las asignaciones familiares y la AUH cayeron un 19.8% interanual.
Los trabajadores y comensales de los comedores populares, junto con las organizaciones piqueteras, exigieron el restablecimiento y envío de los alimentos recortados, así como garantías para el funcionamiento de los comedores populares con una dieta balanceada y cantidades suficientes para satisfacer una demanda creciente. También demandaron mejoras en las condiciones laborales de miles de trabajadores, muchos de los cuales apenas reciben un salario mínimo menor a la canasta de indigencia.
