Zdero derogó decreto de Capitanich por "violatorio del principio de juridicidad"

El nuevo gobierno provincial informó ayer la derogación de un decreto dictado en octubre por la administración anterior, que establecía el derecho de los hijos de personas muertas a raíz del accionar policial a percibir una reparación económica por parte del Estado. Al anular esa medida, el gobernador Leandro Zdero argumentó que el decreto era "ambiguo" y "violatorio del principio de juridicidad".

El decreto derogado es el 2663, que había sido dictado el 2 de octubre por el entonces gobernador Jorge Capitanich, secundado por dos de sus ministros, Santiago Pérez Pons y Gloria Zalazar. Con él se creaba un "Programa de Reparación Económica a Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales (sic) Cometidas Bajo Custodia de los Miembros de las Fuerzas Policiales, de Seguridad y/o Penitenciarias de la Provincia del Chaco".

Allí se establecía que en casos de personas que muriesen "ejecutadas extrajudicialmente" por policías u otros integrantes de fuerzas de seguridad, los hijos menores de las víctimas percibirían una asistencia mensual del Estado equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, actualmente fijado en $156.000, hasta cumplir los 18 años de edad o los 25 en caso de ser estudiantes.

LAS OBJECIONES

Al disponer la derogación de ese programa, Zdero planteó la debilidad jurídica de su creación, ya preveía que la reparación económica se pagara aunque no hubiera una comprobación judicial de que la muerte que daba lugar a la ayuda fuera realmente una "ejecución" o un homicidio simple y no una consecuencia del accionar legal de la fuerza de seguridad ante la comisión de un delito. Incluso, el decreto determinaba que si la justicia determinaba que los policías acusados no eran culpables, el beneficio debía dejar de pagarse. Es decir, la propia normativa reconocía que la reparación podía llegar a pagarse sin que se justificara.

"Uno de los ejes de este gobierno es el orden y el articulado de dicho decreto era inconsistente, ambiguo, violatorio del principio de juridicidad. Habilita reparaciones de supuestos daños, por simples presunciones", dice el texto firmado por Zdero junto a sus ministros de gobierno y de Seguridad.