Los gobiernos provinciales que manejan fondos públicos sin rendir cuentas

Los gastos reservados son aquellas erogaciones de las administraciones públicas que, por razones de confidencialidad, permanecen ocultos al escrutinio público. Se trata, por lo general, de fondos que se utilizan para seguridad o para investigaciones policiales.

También hay otras partidas presupuestarias que, con otros nombres y por distintas razones, no se rinden con los mismos mecanismos que establecen los Tribunales de Cuentas provinciales para el resto de los gastos.

Y aunque son ítem que tienden a decrecer o a desaparecer en muchos distritos, un relevamiento de Ruido detectó que 17 de las 23 provincias argentinas más CABA aún manejan algún tipo de esos fondos sin control.

Los principales hallazgos fueron:

●     El 70% de los gobiernos provinciales manejan gastos reservados o algún otro tipo de fondo sin control total de los tribunales de Cuentas.

●     Los "gastos reservados" aún figuran en 11 provincias argentinas.

●     En 10 provincias existen además otros tipos de fondos que no rinden cuentas: figuras jurídicas como "fiduciarias", "agencias" o sociedades con participación estatal mayoritaria que a lo sumo presentan balances generales, pero no efectúan rendiciones de sus gastos a través de los mecanismos reglamentados para el resto de la administración pública.

●     Algunas provincias usan estas empresas para distribuir -y ocultar- el detalle de la pauta oficial.

●     Sólo 5 provincias respondieron el pedido de acceso a la formación de RUIDO.

●     La Nación, si bien inició un protocolo de reducción de gastos reservados, aún dispone de ellos. Solo Presidencia de la Nación tiene un fondo de $ 650 millones presupuestado para 2023, en ese ítem.

●     Esta falta de controles es un factor que propicia casos de corrupción y manejo discrecional de dineros públicos.

En detalle

La figura de "Gastos reservados" propiamente dicha aún persiste en 11 provincias (45% del total), mientras que 10 (41%) tienen otros montos presupuestarios o agencias o sociedades estatales con fondos que no se rinden ante los Tribunales de Cuentas locales con los mismos mecanismos de control que otras partidas. Algunos distritos cuentan con ambas figuras.

Determinar si una provincia tiene gastos reservados u otros fondos con controles públicos laxos, y saber cuáles son esos montos, es una tarea difícil: la mayor parte de las administraciones provinciales carecen de información accesible. Muchas publican los presupuestos anuales, pero sólo con los rubros generales, lo que vuelve imposible saber a simple vista el detalle de tales gastos. 

Además, apenas cinco de los 24 distritos nacionales (las 23 provincias más la Ciudad de Buenos Aires) respondieron el pedido de acceso a la información presentado en agosto de 2023 por Ruido: Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Pampa, Entre Ríos y Salta. 

Igualmente, no significa que hayan brindado información útil en todos los casos.

En esos pedidos se solicitaba información sobre si existían gastos reservados -y en ese caso, los montos-, y sobre otros fondos no sometidos al mismo esquema de rendición que otras partidas en los tribunales de Cuentas locales.

Por lo general, los gastos reservados aparecen en los presupuestos bajo el ítem "Servicios no personales", que en algunos casos sirve para ocultar partidas cuyo destino se desconoce.

Fiduciarias, agencias y "Sapem"

Por otra parte, en muchas de las provincias existen organismos descentralizados que no efectúan rendiciones de gastos de la misma manera que el resto. Adquieren la forma de "fondos fiduciarios" (Chaco), "agencias" (Córdoba) o "Sapem" (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, como en San Luis o Tierra del Fuego) que, en la práctica, o tienen socios privados en porcentajes exiguos, o bien carecen de ellos.

Son entes que manejan gran parte de los presupuestos provinciales y que, a diferencia de los ministerios, sólo presentan balances y libros generales, pero no las rendiciones al nivel de detalle que exigen los tribunales de cuentas para toda la administración pública.

En los casos de San Luis y Salta, por ejemplo, distribuyen incluso la pauta oficial, sin que se puedan conocer destinatarios y montos.

Presidencia, con 650 millones de gastos reservados

La Nación también mantiene aún gastos reservados. Al comienzo de su administración, el presidente Alberto Fernández impulsó un nuevo protocolo para transparentar esos fondos, que en casos como los de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) eran casi el total del presupuesto.

Según la AFI, ya en enero de 2020, del 100% del presupuesto ejecutado ($ 125.146.235), el 95% ($119.875.962.75) revistió carácter "público". Eso fue así debido a la aplicación del decreto 52/2019, dictado por el Presidente apenas asumió. Antes de esa fecha, la relación era inversa: casi la totalidad de los gastos eran de carácter secreto. Actualmente, los gastos reservados representarían sólo el 9% del presupuesto de este organismo. 

Ruido relevó en el presupuesto nacional 2023 las siguientes partidas de gastos reservados: 

●     Ministerio de Seguridad: $ 64.300.000.

●     Presidencia: $ 650.000.000.

●     Ministerio de Defensa: Hay seis ítems con $ 29.781.037, $ 7.602.896, $ 13.734.527, $ 4.352.750, $ 3.933.022 y $ 156.842.

●     Poder Legislativo: $ 650.000.000.

"Deben someterse a los máximos controles"

"Se debe partir de la premisa de que la existencia de gastos reservados es, de por sí, contraria al sistema de gobierno adoptado por nuestra Constitución Nacional. El sistema representativo y republicano implica ciertas garantías a la sociedad, no sólo en cuanto a la adecuada administración de los recursos públicos, sino sobre la obligación por parte de las autoridades de establecer los más eficientes mecanismos de rendición de cuentas", señala Germán Emanuele, consultor experto en gobernanza, integridad y sustentabilidad, y exdirector de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la fundación Poder Ciudadano.

Agrega que los gastos reservados debieran estar afectados "a cuestiones específicas, ser sometidos a los máximos controles por parte de los órganos de auditoría (tanto internas como externas) y cumplir con las garantías consagradas en las normas de acceso a la información pública, en lo que respecta a su difusión y rendición de cuentas".

Al mismo tiempo, Emanuele afirma que los gobiernos "deben generar las condiciones para que la sociedad pueda conocer el origen y destino de los fondos reservados. Los principios y garantías en materia de acceso a la información pública exigen ciertas condiciones para que esos fondos se encuentren, igualmente, disponibles para el control por parte de la comunidad, ya sea mediante el sistema de tachas, a través de mecanismos de información que no pongan en riesgo cuestiones vinculadas con la seguridad nacional, y siempre bajo el estricto control de daños y de interés público que se debe hacer en términos de si su divulgación pesa más que la necesidad de su reserva".

El Chaco, con gastos sin explicación

Los gastos reservados están explícitamente prohibidos en la Constitución Provincial de Chaco. El artículo 56 señala: "Todos los gastos e inversiones del Estado Provincial deben ajustarse a las previsiones aprobadas por la Ley de Presupuesto, que reflejará los planes y programas de gobierno, determinará la totalidad de los créditos autorizados para tales erogaciones, los recursos y financiamiento con las que serán atendidos, asimismo los cargos de personal y los servicios del Estado. No contendrá ninguna partida referida a gastos reservados. El Presupuesto podrá dictarse para más de un ejercicio anual, sin exceder el año del término de mandato del Gobernador. Se ajustará en sus aspectos técnicos a sus similares del Estado Nacional para permitir la consolidación de las cuentas públicas". 

La ley provincial que regula los actos administrativos es la 4.787 de Organización y funcionamiento de la Administración Financiera del sector público provincial. Sin embargo, al menos tres instituciones realizan concursos, compras o pagos directos por fuera de los mecanismos previstos en esa legislación, y con escasa transparencia en el origen de los recursos. 

Una de ellas es Fiduciaria del Norte, entidad que ofrece "soluciones financieras para el desarrollo económico del sector público y privado". En la esfera pública funciona como una facilitadora de compras para los ministerios y otras dependencias estatales. Por ejemplo, se solventan honorarios de profesionales que producen contenidos en medios públicos o prestan servicios en eventos. 

Al menos tres fuentes sostienen que no es clara la proporción de recursos públicos que se destinan a privados ni con qué criterios. El centro Nelson Mandela denunció uno de los casos irregulares con menor repercusión en 2018: se registró un pago millonario a una persona ciega que luego probó haber recibido un monto ínfimo para comprar camisetas deportivas. Ese mismo año, por otros dos casos más graves, la justicia federal investigó si hubo maniobras de lavado de activos (gestión del gobernador Oscar Peppo). Y en 2019, pese a una recomendación del Tribunal de Cuentas, la Fiduciaria siguió operando con la misma falta de transparencia. En la actualidad es frecuente ver en medios impresos alguna convocatoria a concurso para compras de diversa índole: maquinaria textil, vehículos 0 km, equipos informáticos, juguetes (en agosto), entre otros elementos. 

Lotería Chaqueña también otorga ayudas económicas a los clubes deportivos a cambio de que exhiban carteles de publicidad de la entidad. Aunque en algunos casos ese dinero permite construir mejoras edilicias o costear el mantenimiento de instalaciones, no es posible determinar el destino de los recursos porque todas figuran con el mismo concepto publicitario. Entonces, por un mismo cartel se pueden abonar montos que se multiplican hasta por 25. A quienes controlan la asignación de fondos se les dificulta determinar el destino real que figura en los papeles.  

La tercera institución con manejo poco claro de sus finanzas es la Fundación Chaco Solidario. Se dedica a dar "asistencia a personas e instituciones en situación de vulnerabilidad, con soluciones inmediatas". En este caso, el universo es más acotado y los montos de menor valor. La ayuda generalmente consiste en la entrega de herramientas y elementos como hornos eléctricos y máquinas de coser para pequeños emprendedores.  

Por último, existe el ítem "Otras cuentas por pagar". El concepto figura en el apartado Fuentes Financieras del Presupuesto Provincial 2023. El monto asignado es llamativo porque supera los cuatro mil millones de pesos. Se desconoce para qué se utilizan esos fondos. La provincia de Chaco no respondió el pedido de acceso a la información de Ruido para explicar estas situaciones.

LEA EL INFORME COMPLETO EN EL SITIO DE RUIDO.ORG   

(*) Autores: Hugo Alonso, Eliana Coronel, Claudia Araujo, Judith Calmels, María Ester Romero, Pablo Oro, Cindy Monzón, Gabriela Sánchez, Gonzalo Guzmán, Luz Pérez, Thamina Habichayn, Gustavo Laurnagaray, Gabriel Ramonet, Natalia Ferrari, Mariela Arias, Natalia Buiatti, Ezequiel Soria, Edgardo Litvinoff. - Redacción y edición: Edgardo Litvinoff - Diseño y redes: María Pía Reynoso y Bárbara Maidana - Infografías: Diego Forti - Ilustración: Mile Barbeito.