Los datos en las políticas públicas
Para que una política pública alcance su mayor nivel de efectividad es necesario que esté basada en evidencias.
En ese sentido, la recopilación, el procesamiento y el análisis de los datos empleados en iniciativas que se impulsan en beneficio de los ciudadanos son fundamentales para la identificación de problemas y la toma de decisiones.
Según los expertos, los datos sirven para identificar problemas y oportunidades que de otra manera podrían pasar desapercibidos. Por ejemplo, pueden mostrar patrones de desigualdad o necesidades insatisfechas en ciertas áreas o poblaciones. Un documento elaborado por las organizaciones no gubernamentales Fundar y Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), titulado "Necesitamos un Estado Inteligente", ofrece un claro ejemplo de lo que sucede cuando no se aprovecha bien todo el potencial que ofrecen los datos para obtener una comprensión más clara de los problemas y las necesidades de la población. Es el caso del diseño del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que, en principio, se estimó que alcanzaría aproximadamente a 4 millones de hogares, pero al momento de implementarla se anotaron 13,4 millones y luego del análisis de requisitos quedaron 8,9 millones de beneficiarios.
"Todo lo que hacemos está atravesado por datos. Desde que nos levantamos y miramos el reloj para ver cuántas horas dormimos, hasta consultar el pronóstico del tiempo para saber si salimos con paraguas. Tomar decisiones basadas en evidencia pone a los datos y su explotación en un primer plano: este es uno de los prerrequisitos para lograr los objetivos de las políticas públicas", señala el documento de Fundar y CIPPEC, a través del cual se proponen impulsar un diálogo sobre cómo optimizar el uso de datos en la administración pública. Lo que se busca, explica el informe, es definir, implementar y promover un nuevo paradigma de gestión, donde la inteligencia estatal se traduzca en la capacidad de saber, recordar y razonar a través de la explotación responsable de la información disponible. "En el camino hacia un Estado inteligente, es fundamental reconocer a los datos como un activo valioso y garantizar su correcto manejo para fortalecer la transparencia, la toma de decisiones fundamentadas y la eficiencia gubernamental en beneficio de la sociedad", observan los autores de ese informe. Según este documento, entre los principales obstáculos que existen en nuestro país y que impiden un mejor aprovechamiento de datos figura el hecho de que en muchos casos no se cuenta con los recursos humanos para asumir el desafío de gestionar la complejidad de las acciones que demanda la gestión inteligente de los datos. Por otra parte, se advierte que se presentan dificultades para conseguir y retener personal técnico, en un contexto en que el mercado ofrece mejores salarios y otorga más posibilidades de desarrollo de carrera, a lo que debe sumarse los "escasos o nulos incentivos para que los datos captados por un organismo sean entendibles por el resto". "En muchos casos la información constituye un factor de poder y, por lo tanto, compartirla suele ser percibido más como una señal de debilidad que de fortaleza. Las zonas grises de la normativa tampoco colaboran en este sentido", observa el documento. En otro párrafo del mismo, se destaca la importancia de tratar a los datos como un activo del cual es posible sacar valor: el intercambio de datos permite tomar decisiones basadas en evidencia y trae beneficios económicos. Según el Foro Económico Mundial, el intercambio de datos en el sector público trae beneficios socioeconómicos que representan hasta el 1,5% del PBI. Otro aspecto que merece destacarse, es que un adecuado aprovechamiento de los datos en la elaboración de políticas públicas contribuye a aumentar la transparencia y facilita la rendición de cuentas, ya que los datos pueden ser utilizados para llevar a cabo un monitoreo y una evaluación en el desempeño de los programas y servicios gubernamentales. En conclusión, un aprovechamiento inteligente de los datos es clave en el diseño de políticas públicas efectivas y basadas en evidencia. Pero según el documento citado, actualmente sólo el 1.8% de las dependencias de la Administración Pública Nacional tienen alguna responsabilidad de almacenamiento de datos a nivel de Subsecretaría o superior. Como se podrá apreciar, se trata de un asunto que no es menor y por eso es de esperar que, en algún momento, ocupe un lugar central en la discusión pública.
