Nueva crisis política en Chile

Chile es un país de 19 millones de habitantes, con un territorio de 750.000 km2 -un cuarto del de la Argentina- y una economía basada en la minería (sobre todo del cobre) al norte, una región de pesca y sobre todo de cría de samones al sur, y una región cerealera y maderera en el centro-sur.

En octubre de 2019 el gobierno de Sebastián Piñera había decidido aumentar el transporte público un 4% (30 pesos más). De inmediato, los estudiantes secundarios, los más afectados por el sobrecosto, comenzaron a protestar saltando los molinetes del subte en forma masiva. Cuando el gobierno intentó reprimirlos, manifestaciones masivas salieron en defensa de los alumnos, hasta que el 18 de octubre se produjo una movilización de varios millones -en Santiago y en las principales ciudades-. Los sindicatos llamaron a una huelga general para el 23 y 24 de octubre. 

A esta altura el  gobierno había dado marcha atrás con el aumento del subte, pero los reclamos ya iban mucho más allá: apuntaban a la reforma del sistema de pensiones (en Chile está privatizado y las jubilaciones son muy bajas), mejoras profundas en el servicio de salud, aumento del salario mínimo, reducción de las tarifas de servicios en general, es decir se extendía una agenda social que por décadas había estado oculta o reprimida. El  gobierno, desconcertado, decretó el estado de sitio y multiplicó la represión (incorporando métodos "novedosos", como disparar balas de goma y granadas de gases lacrimógenos a la cabeza de los manifestantes), pero su situación se complicaba desde todo punto de vista.

Piñera fue rescatado de esa encerrona en la que él mismo se adentraba por un acuerdo de los partidos parlamentarios: la idea de "descomprimir", llevando toda la lucha popular a una Asamblea Constituyente, que naturalmente sería organizada y procesada por el mismo gobierno. La jugada no resultó fácil -entre otras cosas porque la represión ya había arrancado al menos un ojo a más de 400 personas, y dejado 18 muertos, miles de heridos y presos, lo que atizaba la furia popular.

Pero el 15 de noviembre, antes de que se lanzara la segunda huelga general, se firmó un acuerdo de paz social que incluía una reforma constitucional. En este acto se destacó un personaje secundario hasta el momento, pero que adquiriría gran trascendencia en poco tiempo. Un diputado izquierdista, Gabriel Boric, firmó el acuerdo, aunque su propio partido Convergencia Social y el Partido Comunista lo rechazaban. En parte, porque el acuerdo descartaba la consigna que las multitudes movilizadas habían alzado durante toda la rebelión ("No son 30 pesos, son 30 años"), apuntando directamente contra el manejo de la economía que hicieron los  gobiernos de "la democracia", que habían llevado a esa explosión de rabia y hartazgo. 

En cambio, el acuerdo depositaba la culpa de todos los males en la Constitución de Pinochet de 1980, pilar del sistema económico ultraliberal y por cierto muy restrictiva políticamente. Pero lo hacía salteando la serie de reivindicaciones urgentes, elementales e inmediatas que las multitudes habían elaborado al calor de la misma movilización, y que no dependían de una reforma constitucional. Por eso las protestas prosiguieron algunos meses más, aunque decreciendo en intensidad. 

El proceso constitucional llamaba a la gente a esperar la reforma a lo largo de un dispositivo de tres pasos: un plebiscito de entrada, donde se votaba si querían la reforma o no; una elección de los constituyentes que debían hacer la reforma; y finalmente un plebiscito de salida, para que se diera conformidad o no al nuevo texto. Todo el proceso demandaría casi tres años, un periodo más que prudencial que ayudaría a "enfriar" la situación, facilitando las salidas políticas. Al menos eso se suponía.   

En octubre del 2020 se realizó el plebiscito de entrada, en el que ganó lo que se llamó el "apruebo", es decir el consentimiento a la reforma, con el 78% de los votos válidos, aunque con una participación muy baja: solo concurrió el 50% del padrón electoral. Los ganadores fueron los partidos de centroizquierda que habían propuesto esta reforma, y algunas agrupaciones independientes aliadas, con amplia mayoría, que volvieron a ganar en mayo de 2021, cuando se eligieron los constituyentes, y se quedaron con más del 50% de las bancas.

En el medio del proceso constituyente se realizó la elección presidencial, y aunque el actual presidente Gabriel Boric (centroizquierda) perdió la primera vuelta frente al ultraderechista José Antonio Kast, del partido Republicano, logró revertir el resultado y ganó en la segunda vuelta. Sorpresivamente, porque ambos representaban a partidos que antes no superaban el 10% de los votos. Pero mucho más sorpresivo, por lo contundente, fue el hundimiento de los partidos de derecha y centroderecha que habían gobernado durante los últimos 30 años. 

En todos estos actos electorales la participación con voto voluntario seguía siendo muy baja, apenas en torno al 50%, lo que en tiempos "normales" bastaba para mantener la legitimidad del proceso político,  pero en tiempos de crisis aparecía como un grave déficit que iba a tener consecuencias más adelante. 

Boric asumió designando como como ministro de Economía a Mario Marcel, un liberal ortodoxo que venía de ser presidente del Banco Central durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. El hecho mostraba que el presidente "progresista" no se proponía interrumpir ni modificar la continuidad de las grandes líneas de la economía que habían llevado al estallido social. Primera gran decepción de la ciudadanía. 

En tanto, la Convención Constituyente redactaba un texto que, entre otras medidas, declaraba una república "multinacional, multiétnica, multilingüística", tribunales y leyes especiales para las "naciones" indígenas, cámaras legislativas regionales, eliminando el carácter unitario del país, con autonomía casi plena para cada región. Estos y otros artículos, que modificaban más o menos profundamente la legalidad política pero no solucionaban el día a día ni satisfacían las urgencias del pueblo que se levantó en octubre del 2019, generaron mucho rechazo, casi el mismo que el gobierno que garantizaba la continuidad económica del régimen.

Antes del plebiscito de salida para aprobar o rechazar la nueva Constitución, en septiembre de 2022, el conjunto de los partidos decidió declarar la votación obligatoria, con lo cual consiguieron una participación efectiva del 86%. Pero la doble decepción con el texto constitucional y con el nuevo gobierno, íntimamente asociados en la percepción popular, llevaron a que el rechazo a la Constitución alcanzara el 62%. 

Esto, que debía ser el cierre de la crisis abierta en 2019, dejaba por  el contrario el problema político aún más abierto. Los partidos de gobierno y de oposición tomaron nota de la situación y se avocaron a buscar salidas para un problema que hacía ya crónico. Por lo pronto, la nueva centroizquierda en la presidencia se vio obligada a incorporar personal político de la vieja Concertación, entregando algunos ministerios clave para ampliar la alianza de gobierno, herida por el fracaso constituyente.

Y gobierno y opositores juntos redactaron en el Congreso "12 bases constitucionales" para reiniciar el proceso y para que los próximos constituyentes no redacten nada que se salga del consenso: volver a la república unitaria, acabar con la ilusión de las "naciones indígenas", mantener la discrecionalidad para decretar estados de excepción, conservar el Banco Central como órgano autónomo, restituir los "emblemas patrios", etc, básicamente, dejar todo como estaba. 

Sobre esas bases se llamó a nuevas elecciones para consejeros constitucionales en mayo de 2023,  también con alta participación (73%) gracias al voto obligatorio, aunque de los emitidos blancos y anulados, más quienes no fueron a votar, alcanzaron el 27%. 

Las elecciones fueron ganadas por el ultraderechista partido Republicano (35,6% de los votos), que se llevó 23 consejeros sobre 50. En segundo lugar, Unidad para Chile, la centroizquierda, con 28,4% y 16 convencionales, y en tercer lugar Chile Seguro, los otros partidos de derecha, con 21% y 11 convencionales. Es decir que la derecha tiene el control completo de la nueva Constituyente, con cinco meses para redactarla antes del plebiscito de salida, previsto para el 17 de diciembre. 

Se da la situación de que el partido ganador de la elección de constituyentes defiende la Constitución de Pinochet. Aunque estaría dispuesto a acordar reformas cosméticas, exige a cambio nuevas disposiciones más reaccionarias, especialmente en lo que respecta a las atribuciones represivas del Estado, en las ciudades, en las regiones "conflcitivas", como la Araucanía, y en el tratamiento de la migración.

El programa de derogar la Constitución de la  dictadura, que llevó adelante el partido en el gobierno, ha dado lugar a la primacía del ala más derechista del pinochetismo para esa tarea. Pese a los acuerdos previos, esta segunda redacción del nuevo texto constitucional viene sufriendo un desarrollo similar al del primero, causada por una situación similar: la aplastante mayoría de un sector extremo que no logra consensuar con las minorías, es decir la continuidad de la crisis política que ya se apresta a cumplir tres años.

La población, que estuvo sometida a cinco elecciones que no resolvieron ninguno de sus problemas más acuciantes y que debe ser convocada a otra elección más –si todo sale bien-, puede volver a colocar al régimen político en un callejón de salida. Si la población rechazara esta "nueva" Constitución que pretende conservar los pilares del régimen inspirado por la dictadura, los problemas políticos solo se acentuarán.

La economía

El "milagro" chileno de una economía ordenada con un régimen político todavía más ordenado no cesa de mostrar sus profundas contradicciones desde el estallido social que repudió ese mismo "milagro".

Es que ya en 2019, antes del estallido (¡y antes de la pandemia!), la población en la pobreza alcanzaba el 30% (habiendo subido 25% desde 2018). La mitad de los trabajadores tenían salarios por debajo del mínimo vital. Con esos salarios, el endeudamiento de la población crecía aceleradamente, no para adquirir autos o casas, sino para comprar productos de la canasta básica familiar. El 80% de los jubilados percibían ingresos muy por debajo del salario mínimo legal chileno, un problema que en los últimos años había llevado a protestas bastante extendidas contra las AFP, las administradoras de fondos de pensiones privadas. En 2019 había 7,6 millones de personas que necesitaban de algún tipo de asistencia social para sobrevivir, es decir casi la mitad de la población. Había 1.700.000 mil familias que recibían un programa de alimentación escolar: ¡el 58,2% de las familias con hijos en la escuela! 

Vale la pena reiterarlo: estas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas chileno (INE) corresponden a 2019; la pandemia y la inflación posteriores las empeoraron. Y el nuevo gobierno no solo no logró mejorar en absoluto estas cuestiones de fondo, sino que además se vio empantanado en dudosos asuntos de manejo de fondos de vivienda entre sus funcionarios y algunas ong relacionadas con gobiernos anteriores. Se iniciaron causas judiciales que, además de los actuales funcionarios, hallaron a los de otros gobiernos nacionales y regionales implicados.

La crisis de los 50

La crisis política y el agravamiento de los problemas económicos fueron desgastando aceleradamente al gobierno, que lleva apenas 18 meses en el cargo. Eso, mientras sus proyectos clave, como el nuevo pacto fiscal y la reforma de pensiones, están empantanados en el parlamento. 

La estrategia de frenar la rebelión popular mediante su desvío a un pantano constitucionalista, conducida por el progresismo chileno, ha mostrado muy pronto sus limitaciones. A 50 años del golpe de Estado fascista contra un gobierno de izquierda que había designado a su propio verdugo, el agotamiento abrupto de otra experiencia reformista -que intentó surfear la rebelión de 2019 sin tocar ninguna de las bases materiales que la causaron- preanuncia nuevas crisis, aún más agudas.