El sector de la seguridad privada está en crisis y necesita regularización
El gremio plantea una difícil situación y la legislatura avanza con un proyecto de ley para atender la problemática de estos trabajadores.
En la provincia es tan crítica la situación que se vive en el sector de la seguridad privada que en la Cámara de Diputados están trabajando con un proyecto que declara la emergencia, pero también proponen algunas acciones.

NORTE dialogó con algunos protagonistas del sector que pidieron medidas urgentes para poder regularizar este servicio con acciones tendientes a mejorar la situación laboral y salarial para los cerca de 2000 empleados, de los cuales solo la mitad está registrado. Y de los registrados solo 25 por ciento cobra sueldo de convenio mientras que el 75 por ciento restante recibe un haber menor al acordado en paritarias y un 50 por ciento gana menos de lo establecido como el mínimo, vital y móvil.
"La propuesta, de ser aprobada, beneficiará tanto a los trabajadores como a las empresas. Que todos cuenten con las respectivas habilitaciones y se pueda concretar la capacitación al personal", aseguraron desde la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (Upsra Chaco), el sindicato que agrupa a los trabajadores de este rubro.
También desde la organización sindical indicaron la necesidad de que se realicen más cursos de formación no solo para que puedan ejercer como vigilador sino también para poder hacer frente a cualquier asunto que pueda surgir en el medio que se desempeña el personal. Además, quieren que durante la emergencia se tome en cuenta el sueldo convenio a la hora de contratar a una firma de seguridad privada. Al tiempo que recla‑ maron que se incrementen los valores de los adicionales de la Policía.
La norma declara "la emergencia económica del sector de la vigilancia y seguridad privada en todo el territorio de la provincia del Chaco a partir del 1 de enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023, la que podrá ser prorrogada por el Poder Ejecutivo". Y el "objetivo es garantizar la seguridad de la población, el derecho al trabajo de los trabajadores del sector de la seguridad privada así como la sustentabilidad de las empresas que prestan dichos servicios".










