Desalojo de familia campesina: carta abierta a la jueza Sandra Elizabeth Selva Gaynecotche
Ante la notificación del inminente desalojo de la familia de Teresa Vargas, en Pampa Castro Juan José Castelli, las organizaciones de agricultura familiar, consorcios rurales, organizaciones sindicales, sociales y ciudadanos y ciudadanas nos dirigimos a usted frente a la situación límite que la familia de Teresa Vargas está atravesando.
Situación limite producto de una historia familiar dura, difícil, que por falta de reconocimiento filial de legítimos herederos del lote 476 de Pampa Castro, hoy quedan en la calle una familia con una madre, tres hijos y su nieta de seis años.
Una familia que trabaja, vivió y vive desde hace 49 años en esas tierras, donde convivían como familia un conjunto de hermanos, hijos y nietos, más allá de si eran reconocidos o no, su filiación biológica.
La falta de reconocimiento de los derechos de filiación de Teresa Vargas, hoy la desalojada, dio lugar a que se inicie el juicio de filiación, lo cual permitirá demostrar que hay legítimos herederos, que no fueron tenidos en cuenta, por razones que oportunamente quedarán esclarecidos.
Muchos de estos casos vemos habitualmente: padres que no reconocen a sus hijos y con ello no solo no le dan el apellido como diríamos en otra época, sino que le quitan derechos, como ocurre en este caso.
Pero más allá de este legítimo reclamo, en términos de "papeles", que en la actual cultura institucional sigue teniendo más peso que las personas de carne y hueso, lo real es que el desalojo judicial está dictado para este 14 de noviembre de 2022.
Ante esta situación, sepa usted que, a través de representantes de organizaciones vinculadas a la ruralidad, hicimos todos los esfuerzos, junto con la familia Vargas para buscar alternativas que no sea la calle, porque no tienen a donde ir, a donde vivir, donde ubicar sus animales de sustento, donde seguir produciendo y trabajando. Y por elemental sentido humanitario.
Además la comunidad, y desde el sentido común, no logra comprenderse que un fallo para reconocer un derecho, afecte la vida, el techo y el sustento de una familia arraigada en un lugar hace 49 años.
La agricultura familiar es una producción en pequeña escala y una forma de vida reconocida mundialmente, de hecho estamos en el "Decenio de la Agricultura Familiar", declarada por la ONU, que intenta apelar respaldos y generar apoyos extraordinarios para mejorar el desarrollo de este sector del que son parte la familia de Teresa Vargas, una familia que está a punto de quedar en la calle.
Bien sabemos que la cuestión de fondo, es el reconocimiento del padre de Teresa Vargas, -Cirilo Vargas- como heredero con derechos sobre esas tierras también. La justicia y la historia que reconocen familiares y vecinos mostraran que hay un hijo negado en sus derechos por falta de reconocimiento de la paternidad.
La injusticia es mayúscula, si esta falta de reconocimiento es motivo para echarle de esas tierras a quien también tiene legítimos derechos, sin contar aquí el arraigo que suma derechos.
Sabemos que este reconocimiento de filiación llevará tiempo, por ello buscamos, y gestionamos otro predio para que la familia de Teresa Vargas no quede en la calle, que le permita - con el apoyo de Organismos del Estado - contar con un predio para seguir produciendo, viviendo, trabajando, sin tener que ir a engrosar algún asentamiento, sin tener que desarraigarlos de la ruralidad ni abandonar la escolaridad su nieta de seis años.
Los avances en esta búsqueda de alternativas fueron buenos, no sencillos ni fáciles, se logró un acuerdo para que el Instituto de Colonización otorgue 50 hectáreas, acuerdo que está escrito pero por trámites administrativos aun no terminados.
Sabe usted, señora jueza, que diferentes organismos del ejecutivo provincial y nacional se han involucrado, para buscar alternativas que evite la calle como respuesta a esta difícil situación, y que ese involucramiento está dando resultados favorables.
Por todo esto, porque el desalojo sin contención da lugar a consecuencias dolorosas y muchas veces irreparables, "si les sacan del campo, se marchitan, se secan" dicen las mujeres rurales representando las consecuencias directas sobre la vida de las familias y las personas.
Por esto y mucho más le solicitamos el aplazamiento del desalojo hasta tanto se materialice el traslado de la familia Vargas. Hay una hoja de ruta trazada para que se pueda resolver esta conflictividad sin violencia, de forma organizada, garantizando protección, techo y trabajo.
Esperamos que su decisión dé lugar a que esa hoja de ruta pueda ejecutarse y salvaguardar la integridad física y emocional de la familia de Teresa Vargas y sus Derechos Sociales. Apelamos al buen criterio y al sentido social y humanitario de la jueza a fin de dar lugar a este aplazamiento solicitado.