La vida es eso que nos pasa mientras miramos el juicio a Cristina
Tras la extensísima pero amena acusación del fiscal del juicio oral y público del caso Vialidad, para los próximos días se anuncia la defensa de Cristina Kirchner que, a juzgar por el discurso desde su despacho en el Senado, promete ser el doble o más de entretenida.
Los periodistas del oficialismo anuncian que presentará nuevos testimonios, peritajes y pruebas de que las licitaciones de obra pública ganadas por Austral Construcciones (Lázaro Báez) durante la "década ganada" fueron correctas y nunca violaron las leyes vigentes. Adicionalmente, se espera que haga más revelaciones sobre el papel de parientes, amigos y favorecedores del macrismo en la "patria contratista".
Un capítulo crucial de este último tramo del juicio tratará sobre la supuesta "asociación ilícita" para defraudar al fisco que se le atribuye a CFK. Además de pruebas y contrapruebas, habrá un muy interesante debate doctrinal. Los defensores usarán la tesis ya consagrada por la Corte Suprema en el caso de Menem y el contrabando de armas, que consideró que equiparar a un gobierno democráticamente electo con una banda para cometer delitos es una aberración. Los acusadores incidirán en el hecho de que el equipo de gobierno kirchnerista relacionado con los hechos juzgados llevaba casi tres décadas funcionando con los mismos rostros, casi sin variantes, desde su primera gobernación en Santa Cruz.
Como si esto fuera poco, el desde hace mucho desbocado show mediático y las por ahora contenidas manifestaciones callejeras seguirán aportando sal y pimienta, en cantidades no siempre convenientes. El misérrimo escenario político también hará su contribución: la coalición Juntos por el Cambio –excepto el exkirchnerista Miguel Ángel Pichetto y los radicales Facundo Manes y Gerardo Morales- pretenden iniciar un juicio político a Alberto Fernández. Lo acusan de injerirse en el proceso, aunque parece obvio que el Presidente deba referirse a una posible condena y destitución de su Vicepresidenta, a riesgo de parecer tolerante con un eventual golpe.
Estos son algunos de los elementos más destacados en torno de este juicio. Pero hay aún otro factor que, si bien permanece ahora en un discreto segundo plano, es el más significativo y sin duda será el decisivo, para el juicio y para el país todo.
La economía
Amparado en las densas sombras que rodean este juicio, el superministro Sergio Massa ya ha descargado sobre la población tarifazos que se sentirán en próximos meses y beneficios para algunos sectores empresariales.
Además, por medio de la decisión administrativa 826, el miércoles de la semana que pasó ordenó recortes por $ 70.000 millones en el presupuesto de Educación, por $ 50.000 millones en el presupuesto del Ministerio de Desarrollo –en el programa Procrear- y por $ 10.000 millones en el presupuesto de Salud, además de recortar el dinero para aportes provinciales.
El recorte en Educación deja $ 15.000 millones menos para el programa "Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles", y $ 50.000 millones menos para el "Conectar Igualdad". En Salud, el recorte golpea sobre un sistema de sanidad ya muy desfinanciado, como bien se vio en la pandemia, y sobre obras sociales sindicales quebradas o a punto de quebrar.
En Vivienda, el ajustazo cae sobre el déficit habitacional de 3,5 millones, sobre un 35% de población que alquila a precios más disparados que la inflación, y sobre déficits urbanos –cloacas, redes de gas y agua, sistemas de recolección y disposición de residuos- en acelerado deterioro. Vale anotar que de la construcción de 55.000 viviendas prometidas por el gobierno del Frente de Todos para sus dos primeros años de gobierno, se hicieron… 800.
El recorte del superministro también redujo el presupuesto para el Ministerio de Transporte en $ 10.000 millones, mientras el transporte urbano en todo el país se debate entre quitas de servicio, paros de choferes y lockouts empresariales. Por último, otro recorte de $ 20.000 millones castigó a las Obras Públicas: habrá, entre otros daños, $ 4.000 millones menos para Infraestructura Penitenciaria (imaginemos cómo será esta navidad), y $ 1.500 millones menos para Infraestructura Ambiental (imaginemos cómo serán los incendios forestales este verano).
Y todo esto, ¿para qué?
El superministro Massa asumió con el compromiso de poner la cotización del dólar oficial a por lo menos $ 200, es decir aplicar una fuerte devaluación para tratar de "acercar" o "retrotraer" el dólar paralelo a la cotización decidida por el gobierno. Pero antes de hacer eso necesita obtener urgentemente financiamiento internacional para fortalecer las arcas del Central y tener con qué evitar una posible nueva corrida cambiaria y bancaria que vuelva a situar el dólar paralelo en la estratósfera.
Para ello viene ofreciendo diferentes tipos de cambio a cada sector económico. Su viceministro, Gabriel Rubinstein, planea un desdoblamiento cambiario: un dólar comercial y otro financiero. Desde el campo le doblaron la apuesta, y proclamaron que quieren que se terminen las retenciones.
Mientras Massa no logra ninguna de estas cosas, desde las empresas de energía ya han hecho notar que los tarifazos ya decididos pero todavía no facturados no serán suficientes. Hacen este razonamiento: lo que antes cobraban de las arcas estatales deberá ser pagado ahora por el bolsillo de la población; pero seguirán cobrando lo mismo, cuando los empresarios estaban reclamando un aumento –significativo- de sus ingresos. Para peor, el tarifazo empobrecerá más a la población, que consumirá menos. ¿Vender menos y cobrar lo mismo?, se preguntan los CEOs y los accionistas de las empresas de energía. Y ya piensan nuevas formas de obtener dinero del Estado, lo que habilita a preguntarse quiénes eran los principales subsidiados del sistema.
En las fábricas
El dueño de la fábrica de neumáticos Fate y de la factoría de aluminio Aluar, Javier Madanes Quintanilla, dijo esta semana que "lo que se está discutiendo es quién conduce la planta, si la empresa o el gremio". Se refirió así al conflicto que desde hace tres meses tiene con el SUTNA, que reclama el pago doble de los fines de semana trabajados. El sindicato denunció que el costo laboral por cada unidad de neumático producida sería de $ 1.000… si la empresa pagara las horas extras al 200%, como marcan el convenio laboral y la ley de trabajo. La lucha de los obreros en las fábricas de neumáticos ha sido rigurosamente ignorada durante tres meses por la CGT y demás concentraciones sindicales.
La CGT decidió salir de su prolongado letargo el 17 de agosto para apoyar al gobierno. Los únicos carteles llamativos en medio de la movilización ultraoficialista fue el del sindicato aceitero de Rosario; decía "huelga general". El 25 de agosto, la sede de los aceiteros rosarinos fue atacada a balazos por sicarios motorizados. "Exigimos que se determine la autoría material y, sobre todo, intelectual del ataque que se produce en una ciudad en la que las balaceras se han convertido en moneda corriente y se produce contra un sindicato que pelea por los derechos de sus trabajadores".
