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Derecho de réplica

La derecha, un peligro para la democracia boliviana

Leí no con asombro el artículo "La democracia boliviana en peligro" de un exembajador ante la OEA, Jaime Aparicio (2002-2006) en el período de gobierno más criminal del neoliberalismo de Gonzalo Sánchez de Lozada —cuyo saldo fue la masacre de más de ochenta hombres y mujeres en octubre de 2003 y también fue embajador ante la OEA del gobierno inconstitucional de Jeanine Añez 2019-2020— y de Rubén Perina un exfuncionario de la OEA. 

No me asombran sus "afirmaciones" porque él y otros políticos y funcionarios eternos del neoliberalismo que fueron diplomáticos y expresidentes reiteran eslóganes como narrativa para justificar el ascenso inconstitucional de Añez al gobierno en noviembre de 2019, las masacres y asesinatos extra judiciales producidas entre el 11 y 19 de noviembre, las detenciones, torturas, persecuciones ilegales durante los once meses de gobierno.
Veamos con detención: expresan que se ha "violentado los derechos de la ex presidenta constitucional transitoria" ésta afirmación para tener valides tendría que hacer referencia a un artículo de la Constitución Política del Estado CPE que demuestre la constitucionalidad del gobierno,  nuestra carta magna establece en el art. 169 el procedimiento de la sucesión constitucional y en que autoridades recae en: el vicepresidente del Estado, presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados, la senadora Añez en 2019 ocupaba el cargo de segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, es decir, no estaba en línea de sucesión constitucional. Además, para producirse la sucesión, la primera condición es que tenga conocimiento y aceptación por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional ALP, contrariamente a este principio, Añez no instaló la sesión de la ALP, es más y está registrado en la prensa, la senadora solicita al secretario senador verificar el quórum de la ALP, el secretario le responde que no existe el quórum reglamentario, inmediatamente la senadora lee una nota y expresa que "asume inmediatamente la condición de presidenta del Estado", es decir, no hay designación parlamentaria a la Presidencia, sino autoproclamación personal, como lo constata el informe del Grupo de Investigación de Expertos Internacional de la CIDH, "sin el quorum requerido en la ALP, Añez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional". Este hecho político-jurídico se denomina violación a la CPE.  
Los articulistas en su narrativa manifiestan que "ante la renuncia del presidente, vicepresidente, presidenta de la Cámara de Senadores y Diputados se produjo un vacío de poder", omiten deliberadamente expresar que las dos principales autoridades de gobierno renunciaron primero por: motín policial, la policía se sublevo contra la autoridad constitucional, con sus armamentos se plegaron al movimiento urbano exigiendo la renuncia del presidente, además el comandante de la Policía, general Calderón, y los comandantes de las FFAA exigieron la renuncia del presidente. El presidente de la Cámara de Diputados tuvo que renunciar porque en la ciudad de Potosí, grupos civiles armados tomaron su vivienda, procedieron a incendiarlo y luego secuestraron a su hermano e intentaron asesinarlo, obligándolo a renunciar; la presidenta del Senado renunció por la violencia social; fue al Senado para hacer conocer la situación y fue impedida de ingresar por la policía que estaba fuertemente armada. 
En su narrativa nos dicen que "(Evo) cometió fraude, revelado por una auditoría de la OEA", esta auditoría se hizo público en la madrugada del 10 de noviembre, era el informe preliminar de 13 páginas, concluyen que hubo manipulación de los resultados, alteración de las actas, en el informe final presentado el 5 de diciembre en Washington en la OEA y donde Aparicio era el embajador de Añez, ratifican estas conclusiones, pero revisado este informe por el Centro Latinoamericano de Geopolítica CELAG, el Center for Economic and Policy Research CERP-Washington DC, expertos académicos de universidades de EE.UU. que publicaron sus estudios en el The Washington Post, el New York Times y más de cien expertos internacionales en economía y estadística de más veinte universidades de diferentes países concluyen: "Los datos utilizados por la OEA son incorrectos; los datos estadísticos no presentan prueba de fraude". La Fiscalía General del Estado solicitó a la Universidad de Salamanca-España que desarrolle una evaluación a la auditoria de la OEA, la misma concluyó que no encontraron evidencia en el informe de la OEA que ratifique la manipulación de resultados, es más los diplomáticos de los gobiernos de México y Argentina solicitaron al secretario general de la OEA Luis Almagro un listado de preguntas para que pueda aclarar y responder, principalmente vinculado con la metodología, las pruebas de alteración de actas. Hasta la fecha no respondió Almagro.
Nos dicen los articulistas que se negó en el proceso a Añez el "acceso a pruebas", esta afirmación es tan caricaturesca porque no dicen lo que sucedió en el proceso judicial: la defensa de la expresidenta de facto presentó como testigos a sus exministros, quienes contrariamente se excusaron de testificar en el proceso.
Lo que los articulistas omiten expresar es que dos generales de las FF.AA. admitieron su responsabilidad en los actos de noviembre de 2019, pidieron ir a un proceso abreviado y fueron sentenciados a tres años de cárcel.
Por ello expreso que no me asombra leer afirmaciones sin fundamento de políticos, diplomáticos, sacerdotes católicos y evangélicos, de algunos medios privados de comunicación que defienden al exgobierno de facto; más con eslogan, consignas, frases, es una narrativa propia de una derecha que no tiene norte, que es antidemocrática, que hace de la violencia política, social y racial su forma de vida.

(*El autor fue ministro del Estado Plurinacional de Bolivia durante el mandato del expresidente Evo Morales)