El Organismo de Control Interno solicitó la expulsión de 83 policías

Recientemente se hizo público un dossier donde se conocieron los casos en los que actuó el Organismo de Control Policial (OCI) desde 2018 a 2022, pero pudieron ocurrir otros que no llegaron a la instancia administrativa, dado que no fueron denunciados o no existe registro. Se tramitaron de 120 sumarios administrativos contra 203 funcionarios policiales, entre los cuales 99 fueron suspendidos preventivamente de funciones, solicitándose para 83 efectivos la medida expulsiva de cesantía y para 123 las sanciones disciplinarias de acuerdo con la naturaleza de las faltas.

Asimismo, se registró la tramitación de 107 informaciones sumarias administrativas en las que fueron imputados 22 empleados policiales, la tramitación de 163 actuaciones por denuncias efectuadas en esta dependencia, así como la tramitación de 227 solicitudes y pedidos de intervención por parte de la Secretaría de Derechos y Comité de Prevención de la Tortura.

En tanto, desde el Comité Provincial de Prevención de la Tortura del Chaco señalaron que desde 2021 hasta ahora presentaron al menos 65 denuncias de abusos de autoridad, torturas y malos tratos por parte de personal uniformado. Al tiempo que en los últimos años actuaron ante el fallecimiento de cuatro personas que estaban bajo custodia policial o durante operativos.

De estas causas, sola una está elevada a juicio, mientras que las tres restantes aún están en etapas previas. Funcionarios indicaron que en realidad es necesario realizar un entrecruzamiento de datos entre oficinas y organismos para poder tener un número más aproximado de casos de apremio ilegal, detenciones ilegales o de presos que mueren en custodia policial.

Aunque el OCI tiene atribuciones para investigar otras faltas y, por lo tanto, las actuaciones son por apremios, torturas, procedimientos irregulares, cohecho, incumplimiento de los deberes y también por la muerte de detenidos.

Entre los hechos más relevantes investigados por ese organismo aparece el caso de la exigencia de pagar 40.000 pesos vía transferencia para hacer la vista gorda y permitir que circule un camión.

También son muchos los casos de uniformados involucrados con drogas. En el último, que tomó estado público, se allanó una comisaría de Resistencia. Hay otros que generaron repercusiones como el del suboficial que transportaba más de un kilo de estupefacientes en su camioneta.

Asimismo, hay investigaciones por robos o sustracciones que habrían cometido uniformados. En 2020, en la zona de Los Frentones, sustrajeron $ 360.000.

Al menos cinco casos terminaron con muertos

Entre los casos investigados por el Organismo de Control Policial (OCI), hay al menos cinco hechos entre 2018 y 2022 que terminaron con personas fallecidas por el accionar de los uniformados.
Hay expedientes por gatillo fácil, torturas seguidas de muerte y asfixia. A la vez, uno de ellos está elevado a juicio. El último caso ocurrió en Charata en febrero y la víctima fue Leandro Fabricio Bravo, quien falleció luego de ser detenido.
En febrero de 2020, Diego Barreto murió durante un procedimiento policial. Su caso es comparable con el del afroamericano George Floyd, pero en el Chaco la instrucción sigue, mientras que en Estados Unidos ya hay condenas.
En junio de 2021, integrantes de la comunidad aborigen atacaron un destacamento policial ubicado en el barrio Los Silos de San Martín a raíz del fallecimiento del ciudadano Josué Lagos durante un procedimiento. Es uno de los casos de gatillo fácil registrados.
En el otro hecho se produjo el fallecimiento de Claudio Néstor Cáceres, y su hijo de 17 años resultó lesionado. El OCI, finalizada la investigación, solicitó la medida expulsiva de "destitución con la calificación de cesantía".