Para ver esta nota en internet ingrese a: https://www.diarionorte.com/a/220310
Rubén Perina

Columnista

La democracia boliviana en peligro

La democracia se erosiona cuando las autoridades electas no respetan las instituciones democráticas y violan los derechos humanos.  

En un flagrante ejemplo de ello, el gobierno boliviano ha judicializado la política, ha politizado la justicia y ha violentado los derechos humanos de la expresidenta Constitucional transitoria de Bolivia, Jeanine Añez, para condenarla recientemente a diez años de prisión, tras haberla sometido a más de 400 días de prisión preventiva ilegal, tratos indignos e incumplimiento del debido proceso. 
El caso ha sido denunciado por el presidente el Comité contra la Tortura de la ONU, el secretario general de la OEA y el Parlamento Europeo, que han llamado la atención sobre la manipulación política de la justicia para perseguir opositores y sobre las múltiples violaciones a las convenciones de derechos humanos a las cuales Bolivia pertenece.

En su comunicado, Josep Borrell, encargado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE), señala que las observaciones preliminares de la Misión de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia, reflejan "las deficiencias estructurales del sistema de justicia boliviano," tal como lo había registrado el Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Jueces.

Borrell destaca que el juicio "no respetó plenamente los derechos al debido proceso de la señora Áñez", que la acusación de "incumplimiento del deber" es "excesivamente amplia y ambigua" e "incompatible con el principio de legalidad recogido en varios tratados de Derechos Humanos, al igual que "el uso excesivo y no excepcional de la detención preventiva, el acceso a pruebas testificales y el formato virtual e híbrido de las audiencias." 

La criminalización de la asunción de Añez como jefa de Estado transitoria, carece de sustento jurídico y/o fáctico. El hecho se dio ante un vacío de poder causado por la renuncia en cadena, iniciada por el entonces presidente Evo Morales y seguida por su vicepresidente, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Tras las renuncias y negociaciones entre legisladores de los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional (con mayoría del partido de Evo) y representantes de la Iglesia Católica, Naciones Unidas, la Unión Europea y del Gobierno de España, se acordó, respetando la línea de sucesión Constitucional, convocar a la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Añez, para asumir la presidencia del país, con el encargo de llamar a elecciones a la brevedad posible. 

El juicio se basó en la gran mentira que propagan los presidentes de Argentina y México, el Grupo de Puebla y el Foro de San Pablo, y que pretende convertir a Evo Morales en la víctima de un "golpe de estado" que nunca existió. La narrativa ignora deliberadamente que Morales cometió dos fraudes: violó la Constitución, que sólo permite dos reelecciones consecutivas, para candidatearse por 4ta vez; y cometió un fraude electoral, revelado por una auditoría de la OEA, para permanecer en el poder —lo que desencadenó protestas masivas de ciudadanos, su renuncia y fuga a México y el establecimiento del gobierno de transición.
A pesar del reparo de organismos internacionales sobre la condena de Añez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permanece en silencio sobre el caso. Mientras que son encomiables sus contundentes informes de condena a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, por sus violaciones a los derechos humanos, durante los catorce años de gobierno autoritario de Evo Morales, con su fachada "progresista", los comisionados de Brasil, Venezuela, Perú y el secretario ejecutivo de la CIDH, no admitieron petición alguna de victimas de graves de violaciones a los derechos humanos cometidas por su gobierno. En 2021 se negó a dictar medidas cautelares a favor de la expresidenta, injusta e indignamente encarcelada. La CIDH no debería ignorar lo que ocurre en Bolivia. 

Bolivia (como Nicaragua y Venezuela) es un caso más de un "golpe en cámara lenta." Este comienza con la llegada al poder de gobiernos populistas, que ganan elecciones íntegras y con mayorías legislativas, pero pronto avasallan el poder judicial, modifican las constituciones, controlan el poder electoral y los medios, reprimen la oposición y violentan sus derechos, cometen fraude y se perpetúan en el poder.

Se erosionan así los pilares republicanos/democráticos de pesos y contra pesos que limitan el poder y los gobiernos devienen en autocracias i-liberales y represivas. Las democracias del hemisferio no deben permanecer pasivas o indiferentes a estos desarrollos que ponen en peligro la democracia y deben utilizar la Carta Democrática Interamericana de la OEA para neutralizarlos.  

(Sobre los autores: Jaime O Aparicio, exembajador de Bolivia ante la Casa Blanca y la OEA; Rubén M. Perina exfuncionario de OEA)