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El fantasma de la inflación

Una familia tipo necesita, según los últimos datos del Indec, casi 100.000 pesos para no caer en la pobreza. Si bien la suba de precios afecta a casi todos los sectores de la economía, son los hogares de menores recursos los que soportan el golpe más duro del proceso inflacionario. Preocupa, por un lado, que son cada vez más las familias a las que les cuesta llegar a fin de mes y, por otra parte, la posibilidad siempre latente de una espiralización.

La medición oficial de la inflación de mayo pasado arrojó un 5,1%, mientras que el incremento interanual de precios alcanzó el 60,7%, el mayor porcentaje registrado en las últimas tres décadas. Se supone que todos estos datos son suficientes como para encender varias luces de alerta en el tablero de comando de la economía y que, en consecuencia, se adopten medidas que actúen como un ancla para evitar lo que podría ser el comienzo de un escenario peor, es decir, llegar a fin de año con una inflación de tres dígitos.

La experiencia confirma que un agravamiento en el descontrol de los precios impactará de lleno en los hogares de más bajos ingresos, que son los que destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo de alimentos. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó esta semana que un grupo familiar tipo, compuesto por un matrimonio y dos hijos, necesitó en mayo ingresos por 99.677 pesos para no caer por debajo de la línea de la pobreza y 44.449 pesos para no ser indigente. Con estas cifras, en la Argentina actual se presenta la paradoja de personas que, aún con trabajo formal, tienen ingresos que están por debajo de la línea de la pobreza. Dicho de otro modo, el acceso al mundo laboral ya no es una garantía de movilidad social, como lo fue en otros ciclos de la economía del país. Se puede tener trabajo y ser pobre.

Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que depende de la Universidad Católica Argentina, el 28,2 % de las personas ocupadas forman parte de familias sin ingresos suficientes como para que todos sus integrantes accedan a bienes y servicios básicos, es decir, gastos en vivienda, educación, alimentos, indumentaria y transporte.

La inflación es, sin dudas, el tema que más preocupa a la ciudadanía hoy. No es casual que la mayoría de los sondeos de opinión que se realizan en distintos centros urbanos del país estén reflejando que crece la desaprobación de la ciudadanía a la gestión del gobierno nacional en lo que hace al combate contra este flagelo que, dicho sea de paso, está muy presente en la memoria de los que vivieron la experiencia del proceso inflacionario que puso en jaque al gobierno de Raúl Alfonsín, en los primeros años del regreso a la democracia.

Hay que decir también que hay un contexto internacional que no ayuda y que la medición de mayo pasado muestra una desaceleración de los niveles de inflación, si se tiene en cuenta que en marzo el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 6,7%, el mayor valor en 20 años. Pero el problema es que los niveles de inflación siguen siendo altos.

Lo más probable es que el próximo gobierno, sea del signo que sea, asumirá con una inercia inflacionaria de casi el 80% (si, con suerte, todo se mantiene como está hoy). Salvo que se produzca un milagro y en los próximos meses este porcentaje muestra un descenso pronunciado, todo hace pensar que la próxima gestión se enfrentará al duro desafío de adoptar las medidas más adecuadas para evitar males mayores para la economía y la sociedad. Tarde o temprano habrá que buscar consensos básicos entre los distintos sectores, como los acuerdos entre empresarios y representantes de los trabajadores a los que llegaron algunos países para controlar la inflación. En el fondo, una de las primeras cosas que se necesitan en este difícil escenario para el país y los argentinos, es un gran acuerdo político y social, de base amplia, en torno a un plan que resuelva los problemas estructurales de la economía.