"La condena o pena de un presidiario es la restricción a la libertad ambulante"

El tratamiento del Estado con personas en contexto de encierro tiene como buena parte de las opiniones sobre un determinado tema en el país, dos posiciones bien marcadas.

De un lado aquellos que asumen que hay cuestiones estructurales que deben modificarse para cumplir cabalmente los preceptos constitucionales de que sean instituciones que colaboren con la resocialización y otros que conciben que todo está escrito y todo lo que se efectúe para generar perspectivas de un proyecto de vida será inútil.

El uso de la telefonía celular para detenidos o condenados en comisarías y alcaidías generó revuelo en los últimos días a partir de que la maliciosa actitud en la presentación de una resolución sobre la regulación de los equipos, que ya se usaban para atender las restricciones sociales que provocó la pandemia y con resultados auspiciosos en cuanto a mantener los vínculos afectivos y actividades educativas y culturales.

‘La condena o pena de un presidario es la restricción a la libertad ambulante‘, señala Darío Gómez, integrante del Comité contra la Tortura de Chaco, como cuestión tan básica pero que periódicamente conviene recordar ante el posicionamiento de sectores conservadores.

‘El derecho a la comunicación es también un derecho humano y debe ser asistido por el Estado‘, agrega quien también estuviera durante mucho tiempo al frente de la delegación de Inadi en Chaco.

ESTIGMATIZACIÓN

Para Gómez, está claro que quienes critican estas medidas, lo hacen desde un lugar estigmatizante muy arraigado en el imaginario colectivo acerca de la composición de las instituciones de contexto de encierro y sus integrantes y los derechos de estos sectores.

‘Hay sectores que creen que las comisarías y cárceles están solamente para los cabecitas negras que es parte de un matriz cultural‘, expresó. En ese sentido, señaló lo esclarecedor que resultó el reciente juicio por la Masacre de Napalpí en revelar los excesos cometidos desde el Estado hacia las comunidades originarias para aquellos que adhieren a los discursos de ‘mano dura‘ también en instituciones de encierro.

‘Mucha gente se enteró hace poco que se arrojaban caramelos desde los aviones para que los chicos salieran a buscarlos y así coordinar los lugares para luego disparar‘, comentó.

LÍNEA DE TIEMPO

Los teléfonos celulares habían sido habilitados en la provincia desde junio de 2020 en acuerdo con esferas del Poder Ejecutivo en cumplimiento de los lineamientos emitidos por los organismos internacionales de derechos humanos, así como diversos fallos judiciales que a nivel nacional obligaron a compensar la restricción de visitas sufridas por las personas detenidas durante la vigencia del aislamiento social.

En noviembre del 2021, al retomarse las visitas en los centros de detención, y a raíz de la positiva experiencia se avanzó en mantener el acceso a la telefonía móvil a partir de un protocolo.

El horario y los lugares de uso de los equipos están monitoreados y además el Estado no provee los equipos sino que los hacen allegados o el propio reo. Podrán usarlo para contactar a familiares, actividades culturales o educativas y que cualquier utilización vinculada a un hecho delictivo como amenazas, estafas o desobediencia judicial será pasible del retiro inmediato del aparato.