Por un parto respetuoso de la madre y el niño
Bajo el lema "Mejores partos para un mejor futuro" se conmemora en varios países la Semana Mundial del Parto Respetado, una iniciativa global que tiene como objetivo promover el respeto por la salud y las necesidades de la madre y el niño antes, durante y después del alumbramiento.
La idea de establecer una semana para generar conciencia sobre la necesidad de respetar los derechos de la mamá y el recién nacido y revisar viejas prácticas relacionadas a la atención de los partos surgió en el año 2004 a instancias de la Asociación Francesa por el Parto Respetado, por considerar que había que garantizar a las madres el acceso a la información que les permita adoptar sus propias decisiones con respecto al parto y al cuidado del recién nacido.
Según Unicef, el término "parto respetado" hace referencia al respeto a los derechos de las madres, los niños y niñas y sus familias en el momento del nacimiento. Es un enfoque que promueve el respeto a las particularidades de cada familia en función de la etnia de pertenencia, la religión que se profesa y la nacionalidad de cada persona. Para la agencia de la ONU, este enfoque propone que la mujer pueda seguir su propio pulso de parto evitando todo tipo de intervenciones innecesarias y que pueda, además, decidir la forma de controlar el dolor durante el parto. Cabe aclarar que en muchos países a esta perspectiva de intervención se las denomina también "parto humanizado".
En nuestro país está vigente la ley nacional 25.929 sancionada y promulgada en el año 2004, pero reglamentada recién en 2015, que protege los derechos de las madres, los recién nacidos y sus familias al momento del trabajo de parto, parto y post parto. En la citada norma se enumeran los distintos derechos de la mujer, el recién nacido y su familia, y crea un marco para garantizar el apoyo legal a la madre y promover la participación del varón en el nacimiento como parte del cambio cultural que supone la igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.
En la provincia, en tanto, la ley N°3291-G, también conocida como ley "de Protección de la persona gestante ante cualquier hecho de violencia obstétrica sobre su cuerpo o en el proceso reproductivo".
En rigor, estas leyes son una respuesta a demandas de distintas organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres que venían denunciando casos de maltratos y humillación que padecían en el momento del parto, tanto personas adultas como adolescentes, en servicios hospitalarios de ginecología y obstetricia. En ese sentido, merece destacarse el Reporte de Derechos Humanos sobre atención en salud reproductiva en hospitales públicos, realizado por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo y el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer, que refleja los testimonios de 30 mujeres de la provincia de Santa Fe que "muestran descarnadamente el cruce entre violencia de género y violencia institucional, la tensión entre las percepciones propias y el saber médico, y la angustia e incertidumbre que generan la no-información, la fragmentación y la cosificación de sus cuerpos (en especial de sus órganos reproductivos y de su sexualidad)".
En las conclusiones de este informe se observa que el trato digno a la mujer que está en situación de parto no depende de la calidad de los recursos. "Partimos de esta idea en virtud de conocer la situación de crisis y precariedad que atraviesa la salud pública, a la que ya hiciéramos referencia, y de sostener que nada puede justificar ni ser un obstáculo para brindar una adecuada calidad de atención y trato respetuoso" señala el informe que, vale recordar, es del año 2003 y contiene descripciones de prácticas y situaciones que se registraban en los servicios hospitalarios, lo que llevó a distintas organizaciones a definir este serio problema como violencia obstétrica.
Si bien en los últimos años se han logrado importantes avances en materia de garantía de derechos para la madre y el niño en los servicios de salud, todavía falta mucho camino por recorrer para garantizar a ambos todos sus derechos, con un modelo de atención que tenga en cuenta las necesidades de las mujeres y sus familias en los procesos de atención del embarazo.
